Huyendo de la ofuscación —si no es ya del destrozo— en donde ha sumido a la nación y a su patrimonio histórico e institucional este Gobierno, por el afán de su presidente de sobrevivir en el cargo hasta configurar su impunidad y la de sus familiares, me refugio en el pasado, que siempre presenta algo de consolador. Y no tanto por releer hechos consumados e incapaces ya de suscitar la menor inquietud, sino por cuanto de grato y hasta ensoñador encierra el mero ejercicio de la curiosidad. Y apenas ojeo unas páginas, reparo en que este año se ha cumplido —sin que nadie lo proclame debidamente— el exacto siglo y medio de la toma de posesión del trono de Alfonso XII, sobre un país quebrantado no solo por el catastrófico final de la I República sino por la crudeza de la última y encorajinada Guerra Carlista.
Por lo demás; la parca década de su reinado nos testimonia a un joven esforzado por comprender a la nación y en enjugar los muchos quebrantos acarreados por aquel siglo; básteme recordar su viaje de socorro a la Murcia anegada por la riada de 1879, o a la Andalucía desbaratada por el terremoto de 1884, o su propio auxilio a los contagiados por el cólera en Aranjuez, cuando ya la tisis lo carcomía, en agosto de 1885. Pero he aquí que mientras husmeaba entre estas iniciativas caritativas, absolutamente inusuales en aquella época e incluso contrarias a los mandatos del Gobierno, que quiso siempre resguardar al enfermizo monarca en el palacio de Oriente, no dejaba de tropezarme, aquí y allá, con otro Alfonso XII precedente, al que raramente se menciona y menos acompañado del título de duodécimo o del mote con que lo señala Jorge Manrique en las inmortales Coplas (sobre 1480): el Inocente. Y si la biografía del joven y restaurado Borbón suma, sobre los mencionados antes, otros sucesos dignos del folletín y hasta convertidos en cuplé, la de este otro pretérito Alfonso es más bien un novelón y con todos los alicientes de la más lúgubre intriga.
En efecto; si el Renacimiento italiano, en política, no deja sino de parecer un agotador cúmulo de conspiraciones y batallas entre grandes señores locales, monarcas hispanos y franceses más el solio pontificio, quien en absoluto se privó de echar también su cuarto a espadas y bombardas, con lo que no quedó ciudad o posesión al margen de estragos y combates, el solar ibérico era otro tanto y más espinoso pues los soberanos cristianos estaban emparentados durante varias generaciones y sucesivos enlaces harto enrevesados, donde predominaba un linaje, los Trastamara —entronizados en Castilla, Aragón y, por este, también en Navarra— con constantes injertos de los Avís portugueses. Entre esas disputas familiares, avivadas astutamente por la codicia de los nobles, que estallaron fragorosamente en la primera batalla de Olmedo, durante 1445, llega al trono Enrique IV; un rey merecedor de toda compasión por su apodo, el Impotente, que se conjuga al dedillo con su desangelado final en el alcázar madrileño, allá por el invierno de 1474, cuando ya era un endeble fantasma despreciado por todos. Pues bien, este don Enrique contó desde su juventud con un gran amigo y valedor, don Juan Pacheco, primer y gran marqués de Villena, quien superada aquella mocedad cuando fueron uña y carne, se tornó en su feroz enemigo al ver peligrar su privanza y con ella, el gobierno de Castilla, por don Beltrán de la Cueva y otros caballeros. Entonces rescató al medio hermano de Enrique del confinamiento en Arévalo —tramado por él mismo—, y lo proclamó rey con aquella pantomima injuriosa motejada como la Farsa de Ávila. Este es el Alfonso XII de aparición intermitente mientras repasaba algunos apuntes sobre el Borbón. Lo conmovedor de aquel chiquillo es su muerte a los catorce años: tras un trienio de mantener corte paralela a la de Enrique IV, falleció, según lenguas, envenenado —cuanto el reciente análisis de sus huesos no ha desmentido— por el mismo Pacheco que le había encasquetado la corona en el tablado de Ávila. Pero cuando Enrique IV, tras la segunda batalla de Olmedo, recobró su pujanza, al taimado marqués ya le estorbaba su rey de juguete para amistarse de nuevo con su antiguo compañero de galopadas. Es más; con la desaparición del Inocente, lo consiguió al punto.
En cambio; el moderno Alfonso XII acabó con el sobrenombre del Pacificador, porque, desde el exilio, sus pasos fueron tutelados por un hombre de moralidad bien distinta a la del Pacheco: Antonio Cánovas del Castillo. Quien, desde La Vicalvarada de 1854, había ido perfeccionando su proyecto integrador, de clara inspiración británica, donde cupiesen desde los carlistas hasta los republicanos templados y que se plasmó en la Constitución de 1876 y, tras la muerte de su rey, con el Pacto del Pardo y su casi mecánico turnismo —con cuantos gajes hoy queramos oponerle— de dos partidos moderados —uno, conservador, y el otro, de cariz aperturista—, cuyo cometido primordial era la construcción de un Estado fuerte que, por su eficaz existencia, aboliese toda tentación de un pronunciamiento militar o de una sublevación revolucionaria.
Vistas las biografías de ambos Alfonsos duodécimos, se nos alumbra cuan funesto es confiar los gobiernos a hombres como el Pacheco, cuyo exclusivo provecho rige sobre cualquier otra consideración, incluso sobre la unidad y la paz del reino; ¿y acaso no nos hallamos ahora ante tan graves aprietos?