En vísperas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso de los Diputados para anunciar una serie de medidas anticorrupción, tras el estallido de los casos Koldo, Ábalos o Cerdán (además del de su hermano, su mujer o el fiscal general del Estado, por citar algunos), la Comisión Europea (CE) ha criticado este martes que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024.
Aumentar los esfuerzos para "abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y la fase de instrucción" para "aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel" es una de las principales recomendaciones de la Comisión Europea a España en el informe del Estado de derecho de 2025, publicado este martes.
En plena crisis en el PSOE por la implicación y el envío a prisión del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por su supuesta implicación en el ya conocido como caso PSOE, la Comisión Europea señala que "aún no ha empezado el trabajo" en una estrategia nacional anticorrupción que la ley para proteger a denunciantes de corrupción requería para septiembre de 2024.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante preparará un primer borrador tras el reciente nombramiento de su presidente, precisa el informe. Bruselas, que en la elaboración de este informe contacta con partes interesadas en el ámbito judicial, señala también que entre los comentarios que ha recibido se le advierte de que la ausencia de esta estrategia unificada "corre el riesgo de llevar a la fragmentación y a una vigilancia insuficiente de las medidas anticorrupción".
Sánchez acudirá a la Cámara baja para una doble comparecencia, en sesión de mañana para presentar esas medidas, y ya por la tarde para dar cuenta de las últimas cumbres internacionales a las que ha asistido.
La cita llega en medio de exigencias de los socios parlamentarios del PSOE, e incluso de su coaligado, Sumar, para impulsar iniciativas tajantes tras el caso Koldo y la crisis en el PSOE, porque consideran que la respuesta dada hasta ahora ha sido insuficiente.
Los mismos socios que le auparon a la Presidencia del Gobierno tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy, prometiendo, por boca de José Luis Ábalos, que venían para "acabar con la corrupción", hoy no quieren ni hoy hablar de dejar caer al socialista, pues su debilidad parlamentaria les ha granjeado hasta ahora innumerables prebendas y beneficios.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha garantizado este martes que habrá un paquete "contundente" de medidas y se incluirán gran parte de las que han planteado otros grupos, entre ellos Sumar. No ha concretado ninguna, pero fuentes del Gobierno apuntan que se endurecerán las penas por delitos de corrupción y se fortalecerán las garantías para que las empresas corruptoras no vuelvan a contratar con la administración pública.
Otras propuestas de Sumar, como la supresión de los aforamientos, parece más difícil que se incluyan y de ahí que se asuma en la parte socialista del Gobierno que pueda haber discrepancias, pero tienen el convencimiento de que lograrán el respaldo de sus socios parlamentarios pese a que algunos ya apuntan la posibilidad de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Así, el diputado del grupo Sumar Gerardo Pisarello, de los comunes, ha advertido de que la comparecencia del presidente puede ser "la antesala de una cuestión de confianza"; Coalición Canaria ya ha anunciado que se la reclamará, y Compromís no descarta ninguna posibilidad.
Fuentes del PNV han señalado a EFE que esperarán a escuchar a Sánchez para ver si tienen que abrir "alguna de las distintas carpetas", mientras fuentes de ERC instan también a esperar sus explicaciones para conocer las medidas concretas que plantea.
Ione Belarra, líder de Podemos ha vuelto a descartar pedir una cuestión de confianza porque, en su opinión, la solución pasa por construir la alternativa al bipartidismo.
Ante las voces que sí plantean esa cuestión de confianza, Pilar Alegría la ha alejado al señalar que la fortaleza y la confianza se miden fundamentalmente por las votaciones en el Congreso, y en esta legislatura ha habido 1.100 que han ganado. Fuentes del ala socialista del Gobierno han precisado que esa iniciativa es una prerrogativa del presidente cuando cree que no cuenta con una mayoría parlamentaria y han precisado que ese no es el caso.
Sí han admitido la relevancia de la comparecencia de este miércoles y que el Ejecutivo se juega mucho en ella, aunque han recalcado que llevan mucho tiempo con esa sensación de momentos importantes de la legislatura.
Consideran que el hecho de que vaya a ser Yolanda Díaz quien intervenga en el pleno por parte de Sumar es una decisión interna de ese grupo que asumen con total normalidad y de la que aseguran que fueron informados previamente a que se hiciera publica.
A la espera del debate, la nueva portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado a los socios del Gobierno de ser "colaboracionistas de la corrupción", y ante la posibilidad de presentar una moción de censura ha señalado que su partido está expectante, y si hay un momento de "lucidez, honradez y dignidad" estarán a ver qué ocurre.
El secretario general popular, Miguel Tellado, ha avanzado que volverán a contactar con los grupos tras la comparecencia de Sánchez para conocer su posición, y la portavoz de Vox en el Congreso ha señalado que sólo espera "mentiras y propaganda".
Pero desde el PSOE se insiste en confiar en la respuesta de sus socios, y su recién elegida portavoz, Montse Mínguez, ha asegurado que las medidas anticorrupción que se anunciarán les "reconfortarán".