Sociedad Civil Catalana ha emitido un comunicado contra la financiación singular de Cataluña, que considera perniciosa desde el punto de vista político, social, económico y técnico, además de un elemento que favorece la fractura de España.
Este mismo lunes, el Ejecutivo central y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña abordan la financiación singular de Cataluña, un modelo pactado entre el PSC y ERC, que todavía está por concretar.
La Comisión Bilateral tendrá lugar a las 12:00 horas en el Palau de la Generalidad y estará encabezada, por parte del Gobierno de España, por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, mientras que por el Govern la representación estará liderada por la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.
Por su interés, reproducimos el comunicado de Sociedad Civil Catalana, en el que puede leerse el decálogo de razones contra la financiación singular de Cataluña.
Pedimos la retirada de una propuesta política, social, económica y técnicamente perniciosa, que favorece la fractura de España
Ante los anuncios de una financiación singular para la Generalitat de Cataluña, consistente en la cesión de la recaudación de los impuestos correspondientes a la Administración General del Estado y en el establecimiento de un concierto o cupo, manifestamos que este proyecto es contrario a los derechos y a los intereses de los catalanes y del resto de los españoles.
Sociedad Civil Catalana se opone a la financiación singular por diez razones:
Rompe la unidad de caja de la Hacienda pública española, la cual sostiene el Estado social y del bienestar en España y la solidaridad interterritorial.
Haría inviable la financiación del Estado español y, por lo tanto, sería imposible mantener las funciones estatales en España.
Provocaría que hubiera españoles con diferentes obligaciones fiscales y con distintas prestaciones sociales.
Intensificaría la fractura del mercado interior de España, las trabas a la actividad y la carga reguladora.
Perjudicaría la actividad económica en Cataluña y favorecería una fuga aún mayor de empresas del infierno fiscal que ya es la Comunidad.
Fomentaría el fraude fiscal en Cataluña y en el resto de España, así como la corrupción de los cargos de la Generalitat.
Incrementaría el descontrol entre las regiones de España y contribuiría a la fragmentación en 17, más 2 haciendas. En consecuencia, favorecería la fractura de España.
Aumentaría la inseguridad jurídica y la inestabilidad institucional.
Es contraria al mercado común y al Tratado de la Unión Europea.
Es contraria a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Por todo ello, Societat Civil Catalana pide la retirada de una propuesta que es política, social, económica y técnicamente perniciosa y que solo obedece a la conveniencia del Gobierno de España de mantenerse algún tiempo más en el poder gracias a los exiguos escaños que los partidos políticos separatistas tienen en el Congreso de los Diputados y que, en su línea habitual, utilizan para chantajear al Ejecutivo. Desde la sociedad civil nos negamos a aceptar que se mercadee con la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre los territorios.