El Gobierno ha acordado transferir al País Vasco la gestión de las prestaciones no contributivas a la familia de la Seguridad Social, aunque no las de desempleo, en la comisión bilateral celebrada este martes en el Palacio de La Moncloa presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.
Un día después de consumar la independencia fiscal de Cataluña a raíz del pacto con ERC, llegó el turno de las dádivas al siguiente socio de Gobierno de Sánchez: el PNV. En su huida hacia delante asediado por los casos de corrupción dentro del Gobierno, del partido y de su entorno familiar, Sánchez prosigue su política de contentar a los partidos que sostienen su presidencia.
"Por fin se ha abierto" la puerta de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que ha permanecido cerrada a cal y canto con 46 candados", es decir, uno por cada año de "incumplimiento" del Estatuto de Gernika en esta materia, clamó Pradales en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Sánchez.
En dicha reunión también se ha pactado, entre las siete cuestiones tratadas, el traspaso de las funciones y Servicios de Salvamento Marítimo, la ampliación de medios patrimoniales adscritos a servicios de la Seguridad Social y se abre también la puerta, en palabras del lehendakari, a la "gestión aeroportuaria del País Vasco".
Imanol Pradales ha advertido, no obstante, que aunque se han alcanzando acuerdos "muy relevantes" de la agenda vasca, no se corresponden "completamente" con los objetivos pactados en noviembre de 2024.Así, ha recordado que "los acuerdos están para cumplirse" y ha revelado que ha pedido a Pedro Sánchez, al que ha reconocido "voluntad política", la "máxima exigencia interna para garantizar el cumplimiento de lo acordado" y un "mayor liderazgo" y "coordinación" en el Gobierno de coalición que permita salvar obstáculos.
En ese sentido ha detectado "concepciones centralistas o centralizadoras" que a su juicio no se corresponden con los acuerdos alcanzados ni con el "espíritu" y la "letra" del pactos estatutarios. "He solicitado al presidente Sánchez que ponga orden", ha aseverado ante los periodistas convocados en Moncloa.
Entre las siete materias abordadas, ha destacado el acuerdo para que el País Vasco gestione las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, así como el Seguro Escolar, de manera integral, lo que supone asumir por vez primera tanto las funciones y medios materiales y personales del Instituto nacional de la Seguridad Social como los de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se añaden las competencias en Salvamento Marítimo y la ampliación de funciones y servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el traspaso del CNVM (Centro Nacional de Verificación de Maquinaria) de Barakaldo.
Respecto a la gestión aeroportuaria se ha acordado crear una subcomisión de infraestructuras aeroportuarias que estudiará su viabilidad y las distintas fórmulas negociables para que el País Vasco "coparticipe" en este ámbito, con un plazo de trabajo de cuatro meses.
Por otro lado, y en cuando a reasignación de fondos europeos las instituciones vascas han adelantado inversiones que podrían entrar dentro de este paraguas, por 400 millones de euros el Gobierno vasco y 130 las diputaciones, y el Ejecutivo se ha comprometido a considerar estas inversiones, según ha explicado.
El calendario de inversiones en redes eléctricas, la oficialidad del euskera en la UE y la viabibilidad de Talgo son otros aspectos que han salido adelante en la reunión.
Imanol Pradales ha insistido en que no se ha avanzado "todo lo que habíamos acordado" ni "tampoco todo lo deseado" y como "el tiempo corre" ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que "tendrá la reválida" antes de que acabe el año.
Y ha confiado en que su encuentro con Sánchez antes de la bilateral y la propia reunión de la comisión "representen un punto de inflexión" en la recuperación de la acción política e institucional".
El pacto para dotar a Cataluña de una financiación singular anunciado por el Gobierno central y la Generalidad no convence a nadie y este martes han arreciado las críticas desde prácticamente todos los ángulos, con el PP a la cabeza y Junts dejando claro que no apoyará ese modelo si llega al Congreso.
Para el secretario general de JxCat, Jordi Turull, se trata de "una tomadura de pelo". "Es la consolidación del café para todos: pasamos del café para todos al 'singular' para todos", ha resumido.
También es una "tomadura de pelo" para distintos cargos de ERC críticos con la actual dirección, como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En opinión de algunos dirigentes de esta formación, el pacto cerrado el lunes no es lo que refrendó la militancia en la consulta para avalar la investidura de Salvador Illa.
Diferentes gobiernos autonómicos, incluyendo los del PSOE, han avanzado que rechazarán cualquier acuerdo que dañe los intereses de sus comunidades y que saque a Cataluña del régimen común, un debate abierto ante la falta de concreción del acuerdo anunciado en la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalidad.
Varios gobiernos autonómicos exigen que cualquier reforma del modelo de financiación sea abordada por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha ha pedido celebrar una reunión este mismo mes de julio, pero Moncloa mantiene su idea inicial de citar a los consejeros en septiembre.
Destacados barones del PP, como el aragonés Jorge Azcón, han abogado por hacer frente común contra el que denominan "cupo" catalán, un acuerdo que el gallego Alfonso Rueda ha tachado de "disparate".
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha indicado que ven en ese pacto "una evidente mutación constitucional" y el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha informado de que la Abogacía de la Generalitat estudiará el documento para analizar posibles acciones legales.
"Lo que se está negociando sin mandato electoral es la impunidad para delinquir, y es la opresión de la mayoría por una minoría", ha remachado la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Un día después de la escenificación del acuerdo en Barcelona, también han vuelto a mostrar serias dudas los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias.
El consejero de Hacienda castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado que se consagre el principio de "ordinalidad", y ha avanzado que su comunidad rechazará "cualquier acuerdo que diga que quien más tiene, tiene derecho a mejores servicios públicos", un mensaje que también ha lanzado el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.
El principio de ordinalidad en la financiación autonómica, tradicionalmente reclamado por los partidos catalanes, es un límite a la solidaridad entre comunidades que busca impedir que las más ricas, las que más aportan al sistema, acaben por ello teniendo menos dinero por habitante que las más pobres.
Que ese principio se haya recogido en el acuerdo ha hecho saltar las alarmas en muchas comunidades autónomas, al considerar que se rompe el principio de igualdad, pero que solo aparezca en el preámbulo del texto pactado tampoco ha gustado a Junts y a ERC.
2 - Se ha encauzado la participación de la SEPI para "hacer viable" la operación de compra del 29,8 por ciento de Talgo por un consorcio vasco encabezado por Sidenor.
3 - Compromiso para que el Estado reasigne fondos europeos para pagar inversiones de 400 millones que ha hecho el Gobierno Vasco en saneamiento, red ferroviaria y Osakidetza, entre otras obras, y otros 130 por parte de las diputaciones en mejoras en las carreteras.
4 - Crear una subcomisión de infraestructuras aeroportuarias para negociar que el País Vasco se haga cargo de la gestión de sus tres aeropuertos: Loiu, Hondarribia y Foronda.
5 - Se traspasan competencias para asumir los servicios de salvamento marítimo en aguas interiores y del litoral vasco y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkia)
6 - El Estado hará un calendario de inversiones en redes eléctricas para dar respuesta a las necesidades de la industria vasca.
7 - Para avanzar en la oficialidad del euskera se seguirá trabajando por la vía diplomática para lograr un consenso entre los estados miembros de la UE.
8 - La creación de la denominada Macrorregión Atlántica se incorporará a la agenda del Gobierno para fomentar este espacio en el ámbito europeo.
Los acuerdos sobre competencias deberán ser ratificados en una comisión mixta de transferencias antes del final de año.