La democracia liberal y parlamentaria –en el sentido que, hasta hoy, se daba al término en Europa y América y, por extensión, en el resto del mundo- es una extraña y, en buena medida, contrapuesta combinación: una suerte de matrimonio morganático, entre una forma de elegir por votación el poder ejecutivo, y su componente liberal-parlamentario, cuyo papel consiste precisamente en lo contrario; esto es, en controlarlo. Esta rara –relativamente reciente y contradictoria- combinación no es un suceso (con la carga etimológica que el término tiene en español y, sobre todo, en inglés), si no más bien, un prolongado, fluctuante y balbuceante, proceso, cuyos ecos teóricos más remotos nos llegan del mundo clásico (o de algunas lecturas muy imaginativas, cuando no fantasiosas, en palabras de Francesco Guicciardini, que del mismo hicieron renacentistas, ilustrados y revolucionarios franceses), y que tiene sus orígenes más inmediatos a fines del siglo XVIII, en los Estados Unidos y en el Reino Unido, aunque limitado a sectores muy reducidos de esas sociedades, (en una secuencia, con frecuencia, salpicada de rupturas, cortes y retrocesos, e incluso violencia; una violencia que, en el Continente, y en los años treinta, tuvo un carácter endémico y hasta apocalíptico).
Este largo y tortuoso sendero de la democratización y socialización política desde el Antiguo Régimen, discurre a trompicones, lenta, pero progresivamente, hacia lo que, con mirada tan simple como optimista, pudiera identificarse como tres metas complementarias. A saber: en primer lugar, una tímida, aunque creciente, independencia y separación de poderes; en segundo lugar, una progresiva alternancia (o separación temporal) en el poder ejecutivo, no exenta de tensiones y violencia, que se afianza, pari passu, desde una limitada, aunque creciente, participación popular en la elección del mismo (a menudo, contestada y salpicada de fraude y corrupción); al tiempo que – y en tercer lugar- se va reduciendo, con agónica lentitud, si no la injerencia, al menos, la arbitrariedad del ejecutivo, sujeto progresivamente a lo que conocemos como estado de derecho; sin duda, un nivel creciente de seguridad jurídica que, curiosamente, ha coincidido con una gigantesca expansión del Estado, desarrollada por una selva inagotable de normas y disposiciones, y financiada con una voracidad fiscal galopante, casi confiscatoria, a veces. En este contexto, es preciso que seamos conscientes que, desde hace poco más de un siglo, parlamentos y cortes han trocado su papel tradicional como cámaras encargadas, (además de fiscalizarlo), de controlar el gasto, por corporaciones cuyo role más bien consiste en espolearlo y expandirlo.
Se trata, eso si, de procesos –conviene tenerlo muy presente- que se aceleran, acrecientan y tienen estrecha relación con la movilización, de todo orden, que desencadenan las dos grandes conflagraciones mundiales: los españoles, enredados por sus penosas campañas africanas de las primeras décadas del novecientos, lo llamaron -muy apropiadamente y con resonancia clásica- el impuesto de sangre. De esta suerte, eso que conocemos como partidos de masas y sufragio universal (incluido el voto femenino) es, en términos generales, un panorama político y social posterior a 1918 y a 1945: excepción hecha de los EE.UU. (aunque sin excluir al Reino Unido, como siempre nos recuerda el Profesor Dardé).
Como puede suponerse, la consecuencia de ese macro estado ha venido siendo, ya desde el mundo de entreguerras, una burocracia profesional creciente, gigantesca y expansiva (Max Weber). De tal suerte, que el estado se fue convirtiendo en uno de los principales agentes de empleo, incluso en países con economías de libre mercado desarrolladas. Y, claro, una bolsa de trabajo de esas dimensiones ha ejercido un atractivo irresistible en la economía de poder de los partidos políticos, a cuyo arbitrio estaban esos innumerables puestos de trabajo, a lo largo y ancho de todos los niveles de la administración. Por más que la filosofía meritocrática tuviera su formulación parlamentaria en el Reino Unido a mediados del ochocientos (Northcote-Trevelyan Report), habría que esperar a las últimas décadas del XIX para percibir síntomas efectivos de su introducción en la realidad administrativa y social británica. Todavía en vísperas de la Gran Guerra, Lord Asquith pensaba que el ejercicio del patronazgo (jobbing o política de “pretendientes” a una “credencial” de funcionario, traducido en español galdosiano) era tarea principal para un Primer Ministro. Con La fin des notables (y La République des Ducs), Daniel Halévy demostró, en su día, que el mundo político de clientes e influentes (un término lusitano más descriptivo y menos cargado que el español de caciquismo) estaba todavía muy presente en los comienzos de la III República. Naturalmente, la clave consistía en un grado de corrupción suficiente como para convertir en desigual y particular, con nombres y apellidos, aquello que en la ley (o en la descripción del puesto de funcionario) se formulaba con carácter general e impersonal. El escándalo del “Hermanísimo” se ajusta con perfección al modelo. Y lo mejora, porque David Sánchez, al parecer, ni siquiera conocía la oficina donde supuestamente debía trabajar. Indudablemente, porque nunca acudía…salvo, a cobrar: en la Argentina populista los llamaban “ñoquis”, un manjar basado en la patata que se solía cocinar una vez al mes. A todos se nos alcanza que la demanda de favores y enchufes es inelástica, no obstante, y con independencia de que la oferta de favores públicos disponibles, por el contrario, fuera –y sea- relativamente rígida (y de que, en un censo universalizado y de alta participación, se torne electoralmente marginal, amén de económicamente inabordable), el fin del enchufismo generalizado ha venido del desarrollo de una administración pública weberiana, independiente, sujeta a pruebas de ingreso publicadas y públicas, a cargo de funcionarios profesionales de carrera y oposición.
Naturalmente, es un sistema que presenta aristas corporativistas (con ciertas manifestaciones autoritarias, en la tipología de Guillermo O’Donnell), pero que, en definitiva, está basado en el mérito (garantizando una razonable igualdad de acceso, aunque no de resultados), es socialmente democrático y está fiscalizado por el control de los propios cuerpos. Es un error conceptual grueso pensar que el regreso a la dedocracia del partido político de turno va a romper el corporativismo, al grito de una supuesta apertura social de los cuerpos de administración. El resultado ya lo conocemos, observando nuestro propio pasado, antes de los decretos de Dato y de la Ley Maura de 1918 (a que nos referíamos en nuestro artículo precedente): un panorama administrativo regresivo, con una función pública politizada y más errática, pero no más democrática. Y no es difícil de prever que el partido de oposición –poco importa cual- una vez en el poder, imitará el ademán autocrático del César, cambiando los unos por los suyos. Porque, en política, todo lo que incrementa poder se imita, por siniestro que sea. Es la peor parte de la historia Rioplatense: antes de la llegada del caudillo populista, en la Argentina, se estaba consolidando una administración seria e independiente (que, por cierto, impresionó a José Ortega y Gasset, en uno de sus primeros viajes); llegó Perón, destruyendo y politizándolo todo; y, lo malo, es que sus enemigos, no rehicieron nada, si no que imitaron casi todo. En este sentido, pero en positivo, un primo mío, que ya no está entre nosotros, Santiago Varela Díaz, (catedrático de derecho Constitucional y, en algún momento, Subsecretario de Interior con Felipe González), publicó, hace ya muchos años, una sagaz observación, en el sentido de que la Transición democrática es, en parte, explicable porque, entrados ya los años setenta (del siglo pasado), la administración española, más que de franquistas, estaba nutrida de funcionarios de carrera y oposición que se sentían libres e independientes, fundamentalmente sujetos a los procedimientos y reglamentaciones de sus propios cuerpos regulados por la ley.
En todos los países desarrollados, la lenta, penosa y trabajosa construcción de una administración profesional independiente, servida por funcionarios de carrera, ha sido el producto de un estado crecido (y, quizá, desde un punto de vista liberal, muy sobredimensionado). Pero, un estado cuyas (desmedidas) dimensiones han generado una función pública de carrera que, inesperada, curiosa, y casi paradójicamente, se ha sumado al paquete de controles que más bien corresponden a la genética liberal de nuestras constituciones. Por eso, en esta cruzada contra el llamado “régimen del 78”, emprendida por el nacional-populismo, con la tolerancia e impulso del sanchismo, se comprende que la administración (empezando por la Justicia) haya sido un objetivo central a destruir, controlando profesionalidad e independencia, inflando cuerpos y suprimiendo pruebas de acceso.
Es la estrategia de una nueva autocracia revolucionaria. Como recordábamos en ocasión anterior, al pairo de la Gran Guerra, Lenin dio el salto hacia una estrategia militar de la revolución, cuyo precedente estaba en una interpretación selectiva de Babeuf, en versión de Buonarroti, (pero, con una lectura –y esto fue lo imaginativo- más interesada en el instrumento militar del relato, con bandera pirata de la Voluntad General del “irresponsable” de Rousseau, que en “los iguales” de la famosa “conspiración”). Desde entonces, las revoluciones, empezando por la “Larga Marcha” maoísta (que es su ejemplo más impresionante y de mayores consecuencias) hasta el “foquismo” castrista y guevarista, o la guerrilla terrorista y urbana à la Fanon, todo han sido variaciones de esa idea militar de la revolución. Sin embargo, el modelo que ahora se nos propone, de inspiración peronista, aunque en verso libre de Ernesto Laclau, trufado de lecturas de Gramsci, consiste en la ocupación paulatina del poder, introduciéndose en todos los resquicios del sistema democrático y de la administración, asaltando cuantos controles puedan y violentando los equilibrios, pensados originalmente para lo contrario, para moderar y controlar al ejecutivo.
Es un error muy europeo, producto quizá de la prepotencia cultural, despreciar la Venezuela democrática como una especie de Haití petrolero. La Venezuela que yo conocí, allá por los años setenta y ochenta, de la mano de dos juristas ilustres, don Justino de Azcárate y don Manuel García Pelayo, (junto a la parte de mi familia Ortega, exiliada de la España franquista y huida de la Cuba fidelista), era, indudablemente, un lugar tan próspero como problemático. Sin embargo, -y fuera ya de un grado de despilfarro, corrupción e inseguridad preocupantes- se trataba de un país con un crecimiento galopante, abierto al mundo desarrollado, lleno de inmigrantes colombianos, y también españoles, con una universidad de buen nivel, muy internacionalizada, y –conviene tenerlo presente- un estado de derecho asentado, servido por una judicatura respetable, que garantizaba una completa libertad de opinión y elecciones libres y fiables. Esta repugnante narco dictadura actual, que tanto celebra el Sr. Zapatero como blanquea el gobierno español, y que ha impuesto un régimen que detiene y tortura opositores, cierra radios y televisiones, y conculca elecciones, nos debe llevar a una reflexión cuidadosa, porque la caída en el precipicio autocrático y en la miseria no ha sido casual ni inmediata. En este punto, conviene hacer abstracción del peculiar colorido del “Aló Presidente”, aunque, sólo fuera porque, tras los intercambios de patio de monipodio, entre los Koldos y los Ábalos, tampoco estamos como para ponernos estupendos. Pero, sobre todo, porque la zafiedad, carpetovetónica o caribeña, no aclara nada. Lo que de verdad importa es que, siguiendo el nuevo guion revolucionario, la autocracia populista, durante años, desde Chaves a Maduro, ha ido desmontando controles, colonizando y ocupando instituciones públicas y privadas, hasta asegurarse el grado de impunidad suficiente como para dar el conocido “pucherazo” de las últimas elecciones.
En España, por ahora, parece evidente que instituciones, cuerpos de administración y funcionarios –y no sólo la judicatura- están, en términos generales, tratando de cumplir con su normativa y procurando imponer la legalidad. Y también la sociedad civil está ofreciendo resistencia en asociaciones y medios de comunicación. Precisamente, por eso, el autócrata quiere colonizar a unos y censurar a otros. Dicho lo cual, me parece importante que comprendamos el riesgo que corremos, porque estos sistemas de democracia liberal y parlamentaria no son “naturales”. Son, por el contrario –y la idea es orteguiana- un artilugio de la cultura; es decir, artificiosos, ya que no artificiales: en suma –y en palabras de Ignace Lepp- una conquista sobre la naturaleza. Son sistemas que se alimentan de una cultura de moderación, de la idea de que las cosas en general, y la gobernación, en particular, tienen límites y medida –diké y metrón, que decían los antiguos- sistemas que respiran libertad y se nutren de la aceptación del pluralismo y la tolerancia de lo diverso. Son, pues, muy frágiles. Desgraciadamente, pareciera, por el contrario, que lo “natural” es menos la moderación que la tendencia a lo absoluto: liberty –sentenciaba Hobbes de un mazazo que, desgraciadamente, no necesita traducción- is the absence of opposition. En tanto, que la primera inclinación de toda la humanidad es -nos asegura otra vez Hobbes con énfasis- un perpetuo e incansable deseo de conseguir poder. Se entiende que poder sobre otras personas: a decir de Max Weber, la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social. Porque –y la reflexión ahora es de Adam Smith, por más que opuesto, incansable lector de Hobbes- a los productores (de bienes) no les gusta el mercado, la concurrencia de, y competencia con, otros actores. Tienden al monopolio. De igual modo, se diría que a los políticos profesionales, productores de poder, tampoco les gusta la oposición: tienden al poder absoluto, a la hegemonía, cuando no la omnipotencia.
Llegados a este punto, confío que la paciencia del lector me tolere una reflexión impopular. A saber: cuando los políticos honestos aseguran ofendidos que la corrupción es tan intolerable como muy minoritaria, en relación a los cientos de miles de cargos ocupados por unos u otros partidos, dicen la verdad…aunque no toda la verdad. En mi opinión, la noción de que la degradación de la política es la venalidad y la corrupción es una idea (equivocada) que se arrastra desde Platón (en versión de Plutarco). La degradación de la política no es la corrupción. Y la mejor prueba –como observara lord Acton- es que la corrupción aparece en política como una derivada del ejercicio poder. En la famosa fórmula del pensador británico –el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente- el sujeto que corrompe es el poder. Porque, en efecto, la dirección del movimiento discurre comúnmente del poder a la corrupción, que no al revés. De esta suerte, la naturaleza del oficio -y el objetivo del mismo- es, pues, el poder; y su riesgo, y cara negativa, el abuso de poder, no la venalidad. En todo caso, me parece empíricamente demostrable que, en política, la tendencia al abuso de poder es la regla, en tanto que la corrupción aparece como derivada y excepción: por eso, porque es excepcional, deja un margen de beneficios atractivo a los corruptos. Debemos, pues, tener presente que la libido dominandi –como decía Agustín de Hipona- es uno de los grandes deseos del hombre, y el poder arbitrario, el objeto natural de la tentación del Príncipe, nos recuerda el Profesor Brogan, citando a Swift. Porque hay un grupo de seres humanos para los que el mando es, por sí mismo, el fin de su instintivo afán: mandar por la fruición pura de mandar, como el avaro ama el oro por el oro. No se puede decir mejor que lo hizo Marañón en su Conde Duque de Olivares. Pero, eso, - la psicopatología del megalómano- quizá merezca alguna reflexión posterior.