He seguido con mucho interés la comparecencia en la 2 de TVE de José Luis Rodríguez Zapatero en un trasnoche pasado.Tengo en mucha consideración a nuestro expresidente del Gobierno. Tenemos amigos comunes muy estrechos y es una persona sensible y educada. La última vez que lo saludé fue en un acto en homenaje a Javier Rey, médico con el que yo he colaborado en varias ocasiones, servidor público ejemplar y que conocía como nadie la Sanidad Pública. La presencia del Presidente en ese momento no tenía justificación política alguna y solo podía considerarse una muestra de afecto y reconocimiento a la memoria del amigo fallecido.
El expresidente, en la entrevista de Xabier Fortes, comenzó refiriéndose al problema migratorio y apeló al valor de la memoria para solicitar la empatía respecto de los migrantes de los españoles, como beneficiarios de la acogida a nuestros compatriotas en diversas circunstancias históricas, alguna no tan lejana en el tiempo. El reconocimiento de la dignidad que todos compartimos como personas no es compatible con actitudes racistas o xenófobas que resultan aberrantes. Por lo demás la ley ha de ser dura con quienes fomentan el odio racial o propugnan la violencia contra los extranjeros.
El Presidente abrazó con convicción el patriotismo de partido y abogó también por mantener a ultranza la presunción de inocencia de quienes se encuentran inmersos en procedimientos judiciales como imputados o acusados. Es digna de aprecio la lealtad a los nuestros, aunque la posición institucional de quien habla puede determinar algunos límites exigidos por la objetividad y el cuidado del interés general, ( la razón de Estado, bien entendida) que le corresponde, y que no siempre la posición de un partido defiende. Oyéndole hablar, en una reflexión de tipo general, uno repara en la resistencia de los expresidentes a huir del fragor de la contienda para, antes bien, echar una mano desde la independencia y la objetividad en relación con problemas transversales especialmente graves de la democracia española.
Por lo que hace a la presunción de inocencia lo que esta garantía constitucional asegura es la reserva al juez de la decisión sobre nuestra libertad, de acuerdo con la ley y tras un proceso regular. Pero no impide el juicio público sobre la responsabilidad en el caso, con las debidas cautelas, ni la toma de medidas, provisionales o no, al respecto por el organismo afectado. Recuérdense las medidas adoptadas por la Casa Real o la propia dirección del partido, sin juicio o antes del mismo, en el caso de don Juan Carlos o de los Secretarios Generales del PSOE acusados o imputados por corrupción.
Es muy difícil no compartir y admirar la defensa del parlamentarismo que hizo Rodríguez Zapatero. El Parlamento es el centro de nuestro sistema y la legitimidad de las decisiones del Estado dependen en última instancia de su respaldo parlamentario. Por eso defendió la utilización de la moción de censura para dirimir la discusión sobre el apoyo del actual Gobierno. Y animó a este a presentar los Presupuestos del Estado, cosa que dijo espera que haga el Ejecutivo, de acuerdo con su obligación constitucional. Suena bien esta defensa del parlamentarismo en tiempos de presidencialismo, en la que muchos le acompañamos cuando denunciamos casi una mutación constitucional de nuestra forma de gobierno, por mas que reconozcamos que hay fuerzas poderosas que exigen una concentración de poder y un refuerzo del liderazgo en la dirección del Estado. En todo caso, la defensa del parlamentarismo debe ser seguida por una explicación del deterioro del Parlamento en España, si no bastara con apuntar su marginación política, pobreza de los debates, deficiencia en el control del gobierno, y abuso de la legislación mediante el decreto ley. Tampoco la revaluación del Parlamento, tan necesaria por lo que estamos viendo, debe llevar a la afirmación en tal órgano de una soberanía irrestricta. En una democracia constitucional también el Parlamento tiene límites y la ley, como primera manifestación de su actuación, ha de cumplir con la exigencia de su adecuación a la Norma Suprema. Como se sabe, de la congruencia final del ordenamiento es garante el Tribunal Constitucional, que deviene así en la clave del sistema en su conjunto. No faltó en efecto en el discurso de Rodríguez Zapatero el reconocimiento de la función capital desempeñada por el Tribunal Constitucional en el diseño institucional de nuestro Estado.
La intervención de Rodríguez Zapatero constató su aplomo característico, que le lleva a defender sus posiciones de modo educado, sin agonismos ni hipérboles, lo que se agradece en un escenario publico, crispado y tenso demasiadas veces. Otra cosa es que nos rindamos sin mas a su inveterado optimismo que le lleva a pensar que las dificultades siempre son pasajeras y que el camino del progreso es imparable. Es cierto que una mirada hacia atrás constata la irreversibilidad de avances que en su momento no se consideraron de este modo, y en los que tuvo indudable protagonismo, sin ir mas lejos el ensanchamiento del estado social, la liquidación de ETA, o la afirmación de determinados derechos civiles de minorías discriminadas. Pero no se pueden ignorar las denuncias de un deterioro institucional de nuestra democracia que relevantes figuras de la vida social, académica y política españolas vienen advirtiendo, sin necesidad de que aduzcamos ejemplos que están en la mente de todos. No resulta sensato ignorar esas voces, que no se proponen acabar con la democracia sino evitar su erosión o, si podemos utilizar el lenguaje cervantino un poco exageradamente, “acabamiento”.