Se trata de una nueva crisis institucional, un hecho inaudito, una anomalía sin precedentes en las democracias occidentales, una desvergüenza. El fiscal general del Estado, el garante de que la Justicia persiga con independencia y rigor a los que infringen la ley, el que imparte instrucciones a los demás fiscales va a sentarse en el banquillo de los acusados como si fuera un vulgar delincuente. Y ha tenido y sigue teniendo la desfachatez de permanecer en su cargo, de no dimitir con la única misión de defender al Gobierno. Sólo al Gobierno. Lo hace respaldado y jaleado por Pedro Sánchez que le nombró y ahora le anima para que no dé un paso atrás, que no desfallezca. Porque le necesita en su puesto para defender a los muchos presuntos delincuentes que le rodean en su familia, en su Gobierno y en su partido. Y porque le necesita para perseguir desde las cloacas a los integrantes de esa fachosfera que se ha inventado para permanecer en el poder y acosar a políticos, periodistas y jueces que le incordian, que descubren y publican sus fechorías y que, incluso, algún día podrían imputarle a él mismo. No es casual que García Ortiz esté imputado por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, pues es la gran rival del presidente.
Y, por eso, Sánchez ha vuelto a atentar contra la separación de poderes y el Estado de Derecho al defender sin pudor a García Ortiz, después de que el fiscal haya sido imputado por el Tribunal Supremo: “Es inocente-ha dicho- y tiene el aval del Gobierno.” Pero cada día resulta más evidente que los magistrados de la sala segunda del tribunal tienen suficientes pruebas para sentar en el banquillo de los acusados al hombre que ostenta la jefatura de la Fiscalía y se autoproclama el gran defensor de la ley. El defensor que necesita el presidente para sacar la cabeza de la pocilga en la que chapotea sin remisión. Y también por eso, el líder del PSOE necesita prolongar la legislatura para ganar tiempo antes de convocar las elecciones generales mientras García Ortiz, Conde Pumpido, la Abogacía del Estado y compañía lavan los trapos sucios escondidos bajo las alfombras de La Moncloa.