30 Años de Constitución

Es lugar común atribuir a la Constitución, aprobada en referéndum hace ahora 30 años, el mérito indiscutible de ser la primera Carta Magna de la historia de España que no responde a una única sensibilidad político-ideológica. Durante toda nuestra historia constitucional, los textos normativos habían sido imposiciones de unos partidos a otros, o de un modo de organizar el Estado definido sobre otro (Monarquía o República). En 1978, la Monarquía Parlamentaria acogió todas las posiciones político-ideológicas, también las republicanas, de nuestra vida política.

Que la Transición al actual sistema democrático fue la historia de un éxito bien lo puede atestiguar una generación como la mía que nació entonces, que hoy disfruta de cotas de paz, prosperidad y libertad sin parangón en nuestra historia y que tiene contraída una deuda de gratitud que, seguramente, nunca llegaremos a saldar con los protagonistas de aquella hora. Buena parte del secreto de aquel éxito puede cifrarse en el espíritu de consenso, palabra acuñada entonces y que hemos exportado a otros países que han iniciado su peregrinar de regímenes dictatoriales hacia democracias parlamentarias. Las sólidas raíces de la Transición están hundidas, no en un supuesto pacto del olvido, sino más bien todo lo contrario, en el profundo conocimiento de la fractura nacional producida en 1936 y en el deseo por parte de sus actores de que no se repitiera nunca más la tragedia de las dos Españas.

Dicho esto, estos días, diferentes personalidades están insistiendo, pienso que con razón, en no sacralizar el texto constitucional. Se debate y discute la necesidad y oportunidad de reformar la Carta Magna. En este sentido, transcurridas tres décadas, seguramente no exagero si afirmo que la España de entonces poco tiene que ver con la de ahora. Por ello, el sentido común dicta que es posible que sea necesaria ese proceso de reforma constitucional. Es cierto que, a los valores imperantes cuando se frisaban los ochenta y que aparecieron recogidos en la Constitución (por ejemplo, aconfesionalidad del Estado, derechos y prestaciones sociales, singularmente, sanidad y enseñanza universal y gratuita), se han añadido otros que la sociedad tiene también perfectamente asumidos, como la igualdad entre hombres y mujeres.

En todo caso, parece que nuestra clase política centra esa posible reforma constitucional en cuatro aspectos concretos: igualdad entre varón y mujer en la sucesión a la Corona, reforma de la Cámara Alta de modo que no parezca a ojos de la sociedad que su función es inicua (parece que hay cierto consenso en que el Senado sea Cámara de representación territorial), la inclusión del nombre de las Comunidades Autónomas y la definición de su área competencial y, finalmente, una referencia a España como miembro de la Unión Europea.

Quisiera fijar la atención en que, ninguna de estas cuestiones preocupan sobremanera a la sociedad española, ni siquiera la de la sucesión a la Corona que tanto interés ha despertado en el papel couché. De hecho, así lo reflejan las encuestas del CIS y las conversaciones que uno escucha en la calle o en el Metro donde no parece que predomine una profunda preocupación por la función del Senado o por los techos competenciales de las Autonomías. Es cierto, que son problemas reales de mayor trascendencia de los que las personas solemos atribuirles. Y, también, que el problema de la articulación territorial del Estado es, sin duda, el mayor problema que hoy arrastramos, cuya máxima expresión es la barbarie terrorista y que, éste sí, despierta una enorme preocupación y tristeza a lo largo y ancho del país.

De cualquier modo, lo exigible a nuestra clase política es que lleguen a consensos básicos sobre esa reforma constitucional. Pienso que lo que la sociedad civil exige de sus políticos son amplios acuerdos que no crispen a la sociedad en estos asuntos y que se ocupen de los problemas reales de los ciudadanos como son el terrorismo, el paro, la vivienda, la sanidad, la educación, etc. Lo que uno espera de nuestros dirigentes es que no conviertan esa posible reforma en el modo de conseguir réditos electorales, en que, tal y como hicieron los padres de la Constitución, tengan visión de Estado y resuelvan estas cuestiones, si se quiere “técnicas”, para que los españoles sigamos disfrutando del período de convivencia más extendido de nuestra historia.