Lo denunciamos en El Imparcial el pasado 20 de mayo y ahora el diario digital The Objetive amplía la información. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido consolidar los tres puestos de cónsul adjunto en México DF, La Habana y Buenos Aires que se crearon en 2023 antes del periplo electoral de municipales, autonómicas y generales con el fin de agilizar la avalancha de solicitudes con la entrada en vigor de la la ley de Memoria Democrática que facilita a los descendientes de españoles que se exiliaron tras la Guerra Civil y la dictadura franquista acceder a la nacionalidad.
Como adelantamos en este periódico, a pesar del desplome del PSOE en las encuestas, de los casos de corrupción que estallan como bombas alrededor de Moncloa, de la minoría absoluta socialista en el Congreso que impide hasta la aprobación de los Presupuestos, de los fiascos por el apagón, los incidentes ferroviarios y tantos otros. A pesar del fracaso absoluto de este Gobierno, Pedro Sánchez se resiste a disolver las Cortes y convocar elecciones. Quiere ganar tiempo para esquivar el irremediable varapalo que ahora se llevaría en las urnas. Quiere sacar votos de debajo de las piedras, por las buenas o por las malas para llegar a 2027 con posibilidades de seguir en La Moncloa. De ahí, su interés en nacionalizar en las embajadas iberoamericanas a los herederos de los exiliados republicanos y la regularización de cientos de miles de inmigrantes. El Ministerio de Exteriores reconoce que ya se han aprobado 275.804 solicitudes de nacionalidad española de las 577.620 recibidas por los consultados españoles en todo el mundo
Y es que, las leyes de Memoria Democrática y de Extranjería, además de resucitar a Franco y recuperar la pantomima de una República ejemplar, puede ser un caladero de votos para dar la vuelta a las encuestas. En primer lugar, porque el control del voto por correo está en manos del Gobierno. Pero, sobre todo, porque las embajadas y consulados “socialistas” tienen instrucciones de Moncloa para nacionalizar a los herederos de los exiliados del franquismo. Tataranietos, sobrinos en segundo o tercer grado y cualquier atisbo de parentesco de un republicano que se fuera a vivir a Argentina o a la Conchinchina.
Con la ley de Extranjería, por otra parte, se multiplicarían y agilizarían las nacionalizaciones de inmigrantes, quienes, además, cobrarían subvenciones para poder vivir “dignamente”. Sin duda, todos ellos devolverían el favor a Pedro Sánchez votando al PSOE por puro agradecimiento y por la cuenta que les trae. De este modo, con el voto de cientos de miles de inmigrantes se frenaría la previsible victoria del PP, que debería ser holgada para llegar al poder pues, en otro caso, al igual que en 2023, se repetiría el Gobierno Frankenstein.
Lo adelantó en su día El País al informar que “el Gobierno negocia con los grupos parlamentarios un nuevo texto con el que sacar adelante, cuanto antes, la regularización de cientos de miles de inmigrantes. La propuesta supone dar un nuevo impulso a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevaba un año estancada en el Congreso y que aspiraba a conceder permisos de residencia y trabajo hasta a 470.000 personas, según las organizaciones que la promovieron,” aunque otras fuentes calculan que podría llegar a un millón.
Y así, además del aluvión de supuestos tataranietos de republicanos en el extranjero, ese millón de inmigrantes tendrían derecho al voto. La trampa está en marcha. Todo es cuestión de tiempo. El tiempo que necesita Sánchez para manipular las elecciones y permanecer en La Moncloa.