El reciente informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa publicado este pasado 1 de agosto y correspondiente a la quinta ronda de evaluación sobre España, presenta un balance bastante insatisfactorio respecto al cumplimiento de las recomendaciones anticorrupción realizadas a nuestro país desde 2019. A modo de breve resumen previo, cabe destacar que este organismo europeo lamenta la falta de medidas decididas y de resultados tangibles en este ámbito, concluyendo que España no ha implementado completamente ninguna de las diecinueve recomendaciones formuladas, de las cuales dieciséis se consideran aplicadas solo de forma parcial, y tres siguen sin cumplirse nada.
Entre las recomendaciones incumplidas destaca la reforma de los aforamientos de cargos políticos. El intento de limitar los aforamientos solo a los actos cometidos en ejercicio de funciones públicas decayó tras la disolución de las Cortes en 2023 y no ha sido retomado, lo cual resulta significativo; y no habiéndose adoptado la reforma del sistema especial de aforamiento político se impide la actuación rápida de la justicia contra altos cargos sospechosos. Otro punto pendiente es el refuerzo del control sobre el nombramiento y las funciones de los asesores de altos cargos ejecutivos.
Tampoco se ha implementado plenamente la regulación de la actividad de los lobbies, una de las líneas principales de actuación solicitadas por GRECO. Si bien el Gobierno aprobó el pasado mes de enero un proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, este permanece estancado en el Congreso y, además, no incluye la obligación de publicar las agendas de contactos con lobbies, considerada una omisión significativa por el citado organismo.
Este organismo lamenta, por otra parte, la carencia de formación obligatoria sobre el Código de Conducta para ministros y asesores, así como los retrasos en la puesta en marcha de una estrategia de integridad institucional. Además, aunque se valora la promulgación del Plan de Acción por la Democracia, sigue pendiente de aprobarse completamente, así como el proyecto de Ley de Administración Abierta, que sigue en tramitación y sin efectos prácticos.
También se destaca que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ganado independencia formal, pero aún no dispone de potestad sancionadora plena, lo que requiere una reforma legal; otra asignatura pendiente según este organismo es la necesidad de reforzar las restricciones posteriores al empleo político y la transparencia financiera, con una supervisión independiente y datos patrimoniales detallados. Por otra parte, tampoco se considera de recibo que la Oficina de Conflictos de Intereses continúe sin independencia real ni disponga de un presupuesto propio.
En referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, este organismo señala, en cuanto a la Policía Nacional, que aunque se han realizado evaluación de riesgos y algunas acciones de supervisión, se sigue sin estrategia específica anticorrupción, ello aparte de que el Código de Conducta de 2013 sigue vigente, aunque sin aplicación práctica efectiva. Se critica igualmente en relación con este Cuerpo que los procesos de contratación y nombramientos permanecen con un alto nivel de discrecionalidad y baja transparencia.
En relación con la Guardia Civil, se reconocen avances más sólidos en esta institución, con la implementación del Sistema de Integridad, y el Plan de Acción de Ética Profesional, incluyendo formación estructurada y prevención de riesgos; sin embargo, quedan pendientes iniciativas como el Protocolo de Buenas Prácticas, aún sin adoptar. En resumen, tanto Policía como Guardia Civil han mejorado los mecanismos de denuncia interna y protección de denunciantes, si bien los regímenes disciplinarios siguen siendo inadecuados.
El informe de GRECO concluye señalando que España no cumple suficientemente sus compromisos internacionales de lucha contra la corrupción y solicita al Gobierno la presentación de un nuevo informe de avances antes del 30 de junio de 2026. Además, invita al secretario general del Consejo de Europa a remitir una carta al ministro de Asuntos Exteriores español subrayando la necesidad de adoptar medidas urgentes y eficaces para revertir la situación.
Una última consideración que se nos ocurre tiene que ver con la transparencia basada en la celeridad informativa respecto a los ciudadanos: Aunque el Informe del GRECO que hemos estado comentando se emitió por este organismo el pasado 6 de junio, y fue conocido en aquellas fechas por nuestro Gobierno sin embargo no se ha hecho público hasta el momento (1 de agosto) en el que lo ha publicado oficialmente dicho organismo, y ello a pesar de que la última recomendación de este Informe instaba expresamente a España, casi tres meses antes, a que se tradujera al español y se publicara en nuestro país lo antes posible, cuestión ésta que vemos que no se ha cumplido.
En conclusión, aunque España ha realizado ciertos progresos formales, el Consejo de Europa señala que éstos son insuficientes y de un carácter parcial, considerando que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones es globalmente insatisfactorio, y urge a nuestro país a introducir mejoras sustanciales y medidas concretas que se traduzcan en una verdadera efectividad en la prevención y control de la corrupción. La falta de resultados palpables, la lentitud legislativa y la persistencia de zonas opacas en la administración pública y en las fuerzas de seguridad siguen siendo los principales retos señalados por el informe. Esperemos que los responsables políticos de nuestro país, con la siempre necesaria colaboración de los demás partidos, tomen por fin debida nota de estas recomendaciones evitando así que se repita la situación habida de que este organismo nos abriera el año pasado un procedimiento de incumplimiento.