Como cabía esperar, el mes de agosto ha aparcado los problemas pendientes y acuciado los particulares de la temporada, especialmente incendiaria este año. Las catástrofes van, por un lado, y ponen en evidencia la falta de confianza ciudadana para afrontar asuntos que afectan a todos. Por otro lado, discurre, en el amainado escenario político estival, la incapacidad de los representantes para administrar el barrizal del tú más y yo menos. El enfrentamiento que incapacita abordar las catástrofes como una preocupación compartida no solo por todos los que las sufren, también por todos los que las conocemos como espectadores y que, como ciudadanos, nos sentimos comprometidos con los que las padecen, no procede de una disensión sobre las causas de estos estragos, sino de una situación previa, generada por la anomalía política de un gobierno que insiste en gobernar sin reconocer su debilidad parlamentaria ni disponer de otro medio para enmendarla que convocar elecciones.
Este modo de abordar los incendios embarrando el ambiente y promoviendo pactos de Estado por parte de quien actúa como pirómano del Estado, ocurrió antes con la Dana y con la pandemia donde un acuerdo parlamentario llegó a ser declarado, quién lo recuerda ahora, inconstitucional. Ahora parece que los problemas pendientes quedan paralizados por el encrespamiento producido por un acontecimiento catastrófico. No es así. Es obvio que el encrespamiento no lo causa la catástrofe como se ha visto en la lucha vecinal contra el fuego, es una resultante del aroma ambiental provocado por una mayoría parlamentaria insuficiente que se dedicó a elevar un muro con ayuda de una minoría expresamente interesada en destruir el Estado democrático para dividir en dos al país.
La minoría gubernamental pugna por no perder el mando de un timón que no puede controlar. Rehúye la alternancia democrática. Rechaza las elecciones como si exigirlas constituyera una provocación. Con ayuda de los grupos parlamentarios que reniegan de la Constitución, cimenta un muro donde resguardar sus maniobras para desmantelar el hogar común y protegerse del virus de corrupción que gangrena la gestión gubernamental. La idea de reunir en torno a un gobierno minoritario a todos los grupos interesados en debilitar el Estado, fue hace tiempo pergeñada por el populismo, un procedimiento cuya invención remonta a Laclau, entre cuyos precedentes cabe recordar el ascenso de Hitler al poder y el de Allende para gobernar en minoría en Chile. Su fin es derrocar la democracia liberal usando los procedimientos representativos de la democracia liberal. No es nada nuevo, y justamente porque no lo es y se conocen sus motivos e intereses, el ciudadano identificado con la constitución democrática española merece ser consciente del peligro que entraña una situación tan conflictiva e inestable como la que se avecina para el otoño.
La búsqueda de responsabilidades por la dejación y abandono de una España arrasada por los incendios queda desfigurada por el imperativo político que el gobierno se autoimpone de no convocar elecciones para mantener el muro que escinde a los españoles. Da igual cual sea la causa, si el fantasmagórico o realista cambio climático, el despiadado personal humano o la errática desatención del campo durante lustros. Lo que arrecia la trifulca es el designio de un gobierno que se refugia en que cualquier cosa es preferible a arriesgarse a ganar o perder unas elecciones anticipadas. Asegurar que el disidente o el discrepante de una gestión gubernamental cuya ejecución quedaba sometida a plazo, pueda relevar al gobernante alternándose, constituye la principal garantía para que la democracia no degenere en un poder dictatorial. Es un procedimiento natural de lavado y ropa nueva. Nada excepcional, nada catastrófico, al alcance de la buena voluntad de cualquier dirigente responsable.
Agostados los montes por el fuego de agosto, la lucha del gobierno por conservar el poder se opone a la esterilidad de los deseos que comprueban que, cuanto más debilitado y desgastado el gobierno, más se resiste en normalizar haciendo lo que está en su mano para salir de apuros. Contra su desgaste no dispone de más programa que encastillarse tras el muro que parte al país en dos. Resistir a la oposición para dificultar que las elecciones se anticipen al plazo previsto tendría algún sentido si la coalición de gobierno contara con mayoría para conservar los medios que requiere el ejercicio del poder, el principal de los cuales es disponer de un presupuesto de ingresos y gastos. La Constitución exige que el gobierno los presente a las Cortes para su aprobación. Desde la toma de posesión no se ha conseguido aprobar los presupuestos. No presentarlos para que pueda prorrogarlos si fueran rechazados, es una infracción constitucional que deslegitima la gestión de los recursos del Estado. El verano concluye con un gobierno que carece de presupuestos. Aunque solo fuera para no incurrir en un patente desvío constitucional, el Gobierno habrá de presentarlos al Congreso, aún a riesgo de quedar en evidencia si la Cámara los rechazara. Si no se decide a presentarlos para evitar una derrota, incurrirá en ilegitimidad de ejercicio.
Dividido el país en dos partes por un muro que las incomunica, se aborda el otoño sin garantía alguna de que se pueda compartir ese mínimo constitucional sin el cual no hay convivencia pacífica estable, como ha mostrado la confusión polémica sobre la responsabilidad de la gestión de los incendios. El panorama otoñal queda abierto a la incertidumbre, no tanto porque estará gestionado por un gobierno viciado por corrupción, por un gobierno que no tiene asegurada una mayoría parlamentaria para gobernar, por un gobierno que ni siquiera puede aprobar una ley, como porque puede incurrir en ilegitimidad de ejercicio. La única salida tranquilizadora para superar esta anómala situación sería convocar elecciones. Pero es justamente lo que impide el muro levantado por quienes desde dentro no disimulan su interés para acabar con el sistema constitucional.