Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir a partir de este mismo jueves que se deriven a otras comunidades a menores migrantes no acompañados llegados a esos territorios, ya que hoy entra en vigor el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El sistema de reubicación de los menores cuenta con la oposición del PP y de las comunidades en las que gobierna, además de Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE.
Además, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá por la vía judicial el decreto para reubicar a menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas, ante el intento del Gobierno de "ocultar información" sobre el reparto de estos jóvenes.
El decreto permite que eche andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Las comunidades denuncian imposición y falta de diálogo, mientras que el Gobierno recuerda su plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia, de cara a abordar una regulación que, ante la ausencia de acuerdo, permitía al Ejecutivo fijar los parámetros.
Este miércoles, Andalucía ha vuelto a denunciar un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha reclamado de nuevo que se le aplique el criterio de frontera, que actualmente solo se aplica a Ceuta y Melilla.
Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, ha defendido que es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente, mientras que La Rioja ha pedido el dato concreto de cuántos menores debe acoger.
Además, la presidenta balear, la popular Marga Prohens, ha calificado de "amenaza y matonismo" la advertencia de Torres de que si se incumple la ley actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. "¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?", ha cuestionado.
Ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalidad catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas incumplen la ley por la que se derivará a menores migrantes no acompañados desde territorios muy tensionados a otras autonomías.
Este miércoles Canarias, presidida por Fernando Calvijo, ya adelantó que declarará la contingencia migratoria. De hecho, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado la petición al Ministerio.
Mientras, la consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed, también lo anunció y explicó que la ciudad autónoma, que dispone de 28 plazas para menores migrantes, deberá asumir "hasta tres veces su capacidad ordinaria" de acogida, alcanzando las 84 plazas, que se considera ya "sobreocupación".
Pero ha explicado que Melilla acoge actualmente un total de 175 menores migrantes, lo que refleja "la enorme presión migratoria que sufrimos y que sufre este sistema de protección local".
Ceuta también ha comenzado a preparar la documentación para elevar al Gobierno la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria, ya que la ciudad supera en un 629 % la capacidad de acogida que le corresponde en virtud de la nueva normativa.
El real decreto fija que Ceuta debería acoger a 27 menores, mientras que en la actualidad tutela y atiende a más de 510 niños y adolescentes llegados de manera irregular.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha presentado alegaciones y también un recurso de reposición contra el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ordenado por el ayuntamiento de esta localidad.
La Secretaría de Estado de Migraciones ha presentado estas alegaciones y este recurso en el plazo legal establecido para oponerse al cierre de un centro que cuenta con 570 plazas para solicitantes de asilo, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión.
Este centro, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está gestionado por la ONG Accem, y tiene ocupadas 395 plazas, la mayoría -178- por ciudadanos ucranianos y el resto por personas procedentes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29), según informó la oenegé a EFE.