Mientras el PSOE y el PP siguen a garrotazos por dirimir la causa de los incendios, acusándose de incompetentes unos a otros por actuar tarde y mal en su extinción, ya ha comenzado la nueva bronca política por el traslado de los migrantes. No hubo coordinación, porque ni lo intentaron, en los trabajos para apagar el fuego. Y, ahora, el Gobierno, en lugar de negociar con las Comunidades autónomas el mal llamado “reparto de menas” actúa con su ordeno y mando autoritario para imponer el número y el lugar del traslado de los miles de hacinados en Canarias. Sólo están excluidas las comunidades vasca y catalana, que se han negado a recibirlos y Sánchez no quiere perder los escaños secesionistas del PNV, Bildu, Junts y ERC que le mantienen en el poder. Pero por mucho que ataquen el PP por rechazar la imposición del Gobierno, los nacionalistas son los auténticos xenófobos; lo llevan en su ADN. El gran problema de la migración desbocada obedece a su habitual improvisación y a la falta de control del Gobierno de las fronteras con el consiguiente efecto llamada.
Aunque no merece la pena ni proponerlo por imposible mientras Sánchez dirija el Partido Socialista, las catástrofes naturales como la dana y los incendios al igual que la política migratoria deberían obligar al PSOE y al PP a llegar a acuerdos; incluso a poner en marcha pactos de Estado para afrontar sendas tragedias.
Es verdad que las Comunidades tienen la competencia y, por tanto, la responsabilidad de cuidar el campo para evitar los incendios y poner en marcha los medios para hacer frente al fuego. Pero este verano, el número y la voracidad de esos incendios deberían haber llevado al Gobierno a declarar la emergencia nacional con la actuación, entre otros del Ejército. Como en la dana. Pero Sánchez prefirió mirar para otro lado desde el palacio de La Mareta y eludir las ayudas, quizás con el propósito de perjudicar a los responsables autonómicos del PP. También como en la dana. “Si quieren ayuda, que la pidan”, llegó a decir cínicamente el presidente.
La política migratoria debe gestionarla el Gobierno y negociar el reparto de los migrantes de acuerdo con las Comunidades Autónomas. Pero la mera protesta del PP por la exclusión del País Vasco y Cataluña de la ecuación llevó al Ejecutivo a imponer sus criterios, castigando en especial a Madrid, Valencia y Andalucía por el mero hecho de estar gobernadas por el PP. El ministro Ángel Torres llegó a amenazar con recurrir a las Fuerzas de Seguridad si se negaban a recibir a los migrantes estipulados por el Consejo de Ministros.
Y ahora, miles de menores migrantes están a la espera de saber cuándo y dónde van a llegar a los Centros de acogida. Madrid y Baleares han recurrido a los tribunales la decisión del Gobierno por unilateral y discriminatoria al excluir al País Vasco y Cataluña. Mientras, al igual que con los incendios, el PSOE y el PP andan a garrotazos, más preocupados por atacar al adversario que por resolver la tragedia de esos migrantes hacinados o perdidos nadie sabe dónde.