Pedro Sánchez necesitó los escaños de los separatistas catalanes, Junts, partido de centro derecha, y ERC, partido de extrema izquierda, para conseguir la investidura. Sigue precisando de esos votos para aprobar los proyectos de ley en el Congreso de los Diputados. ERC, en primer lugar, y también Junts, le han exigido al presidente genuflexo la quita de la deuda que la Comunidad Autónoma de Cataluña mantiene, agravada por unos intereses agobiantes. 17.104 millones de euros adeuda la Generalidad, que lleva muchos años despilfarrando el dinero público en embajadas estériles en el extranjero y en subvenciones y patrocinios a los grupos separatistas, algunos por demás absurdos y esperpénticos.
En un esfuerzo por enmascarar la realidad de la situación, Pedro Sánchez ha tenido la idea de extender la quita de la deuda a todas las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, confiando en que el dinero haría callar a sus responsables. Según parece la jugarreta no le ha salido bien porque Alberto Núñez Feijóo no está por la labor de facilitar al PSOE sanchista sus maniobras subterráneas.
Está claro que, ante la jugarreta de la quita, el Partido Popular dispone de dos posibilidades razonables de reacción. La primera es la que ha adoptado: rechazar la limosna. La segunda es más sutil y también más compleja: aceptar la quita y tras cobrar, pues no está claro que el sanchismo no haga un regate, emprender una campaña en los medios escritos, hablados, audiovisuales y digitales, explicando que Pedro Sánchez para continuar en el poder está dispuesto a todo, dispuesto a comprar lo que sea, dispuesto a pagar lo que le pidan. Hasta las ranas del estanque del Retiro deben enterarse de que la quita no se ha decidido para mejorar la convivencia ni para aliviar la situación económica, sino para que Pedro Sánchez, de hinojos ante los separatistas catalanes, continue sentado en la silla curul del palacio de la Moncloa.