El Gobierno aprobaba este martes una quita de deuda para las comunidades autónomas con una retórica propia del prestidigitador que se remanga la camisa para hacer ver que no hay truco y, a continuación, hace desparecer la bolita: “Esta medida no perjudica a nadie. Beneficia a todos los territorios. Menos deuda significa más Estado de bienestar”, argumentaba la ministra de Hacienda porque, continuaba, “¿qué familia en su sano juicio, si se le plantea una condonación de su hipoteca, va a decir que no?”
La deuda que el Gobierno pretende hacer desaparecer suma la astronómica cantidad de 83.252 millones de euros. Es muy evidente que se trata de un trasvase, ya que el dinero adeudado pasa de las cuentas autonómicas a las estatales y su peso sigue sobre los hombros de todos los ciudadanos. Pero no es una operación inocente.
Se trata, en realidad, de una exigencia de ERC que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que satisfacer para no ser descabalgado de La Moncloa. Pero además, es una trampa. Al extender la condonación de la deuda a todas las comunidades autónomas, y no solo a Cataluña, el Gobierno pretende dividir a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Sin embargo, los barones populares no han picado el anzuelo de la discordia que pretendía sembrar el Gobierno. La quita de deuda es un premio para la mala gestión, una ‘tabula rasa’ que beneficia a los que han despilfarrado, al tiempo que perjudica a las comunidades que se han financiado con responsabilidad.
Y, muy en particular, beneficia a Cataluña, cuya deuda es la mayor de todas las regiones españolas, tras años de políticas irresponsables en el gasto y reiterados incumplimientos de los objetivos de estabilidad para financiar el delirio independentista. En cuanto a los perjudicados, el caso más sangrante es el de Madrid, que aporta el 75% al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y se alza como la comunidad autónoma más solidaria. Se trata, en fin, de poner rumbo fijo hasta el verdadero objetivo de los independentistas, el cupo catalán, pagado a escote por todos los españoles.
Asediado por los casos de corrupción, exprimido por las exigencias de los socios independentistas y de extrema izquierda, el Gobierno se defiende como un animal herido. No le ha importado utilizar catástrofes como la de la dana en Valencia, o la oleada de incendios de este verano para atacar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, al tiempo que se descarga de responsabilidad. La quita de la deuda es un nuevo capítulo en esa estrategia de desgaste en la que el Estado torpedea y boicotea a las autonomías que no le son afines. En este caso, los populares han resistido el embate. Pero el ciudadano debe saber que Pedro Sánchez confía en mantener esta estrategia divisoria y polarizadora hasta agotar la legislatura en 2027.