El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno entregar todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta institucional asignada a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, desde julio de 2018 hasta la actualidad. La documentación será remitida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis en el marco de la pieza separada en la que Gómez está investigada por un presunto delito de malversación.
Peinado ha citado a Gómez a declarar como imputada el próximo 10 de septiembre, un día antes de lo inicialmente previsto, para evitar la coincidencia con otro señalamiento judicial de su abogado en Tenerife. Ese mismo día comparecerá también Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que, según la investigación, habría ejercido de secretaria particular de la mujer del presidente.
El magistrado indaga en las condiciones de la contratación de Álvarez en 2018, cuando fue nombrada personal eventual del Gabinete de la Presidencia. Según la instrucción, habría realizado funciones privadas para Gómez, lo que podría constituir malversación de caudales públicos. Peinado ha requerido además a la Secretaría General de Presidencia que identifique a los responsables de autorizar y ordenar las retribuciones de Álvarez desde su incorporación.
Esta línea de investigación se suma al conocido como “caso Begoña”, cuyo núcleo está en la cátedra de la Universidad Complutense que codirigió Gómez y donde se indagan posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En este contexto, Deloitte ha remitido un escrito al juez en el que asegura no haber participado en el desarrollo del software ligado a esa cátedra, limitándose a tareas de asesoría a la oficina de proyecto ya existente.
Peinado ya solicitó en junio al Tribunal Supremo que investigara al entonces secretario general de Presidencia y actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez. El Alto Tribunal rechazó la petición al considerar que no existían indicios suficientes.
La investigación sigue abierta y las nuevas diligencias podrían condicionar el rumbo de una causa que se ha convertido en un foco de presión política sobre Moncloa.