Este viernes, el fiscal general del Estado acude al Tribunal Supremo en la apertura del Año Judicial. La próxima vez que vaya a la sede del Alto Tribunal será para sentarse en el banquillo de los acusados como imputado por haber cometido presuntamente un delito. Este viernes, García Ortiz leerá el informe anual de la Fiscalía, pero en la próxima cita tendrá que responder como procesado a las preguntas del magistrado. Más que una paradoja, se trata de una anomalía democrática. Nunca un fiscal general del Estado ha estado imputado y, por tanto, en la apertura del Año Judicial nunca un fiscal ha leído el informe de la Fiscalía sobre los delitos poco antes de responder de estar acusado de un delito.
Las Asociaciones de Jueces y Fiscales no se cansan de denunciar esta irregularidad así como de protestar por la actitud de Pedro Sánchez, “un autócrata populista como Trump o Milei”, por acusar a los jueces de cometer ilegalidades y hacer política en su intento de defender a su mujer, procesada por haber cometido presuntamente cinco delitos: malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Jueces y fiscales han amagado con boicotear el acto de la apertura del año Judicial, aunque al final se han limitado a emitir un duro comunicado contra el presidente y su fiscal. Sólo Alberto Núñez Feijóo no acudirá a la ceremonia para “no blanquear ni al fiscal procesado ni al jefe del Ejecutivo tras sus ataques a la separación de poderes”.
La apertura del año judicial sufre, así, las embestidas del entero Gobierno a la independencia del Poder Judicial. La ceremonia que preside el Rey estará intoxicada por esas embestidas y, en especial, por la presencia de un fiscal general del Estado que está imputado por haber cometido, aunque sea presuntamente, un delito.