En un Estado de derecho realmente democrático los ciudadanos esperan que un político renuncie a su cargo cuando haya cometido una negligencia grave, se vea envuelto en un escándalo, o haya mentido repetidamente, entre otras conductas indebidas. Sin embargo, en nuestro país se viene dando con demasiada frecuencia una pertinaz y preocupante resistencia a la dimisión por parte de demasiados políticos (incluimos en esta denominación a otros cargos institucionales designados por los propios políticos), lo cual evidencia importantes fallos en el nivel general de ética política, en el sistema de rendición de cuentas, así como una clara ausencia de responsabilidad pública. La no dimisión se ha convertido en un frecuente mecanismo de defensa, un intento de ganar tiempo, de minimizar la gravedad de los hechos y, en última instancia, de aferrarse al poder a toda costa.
En relación con este problema y la urgente necesidad de una mayor exigencia a los representantes políticos de la dimisión (o el cese) ante las mencionadas conductas, nos vamos a permitir hacer referencia a cuatro casos reales y significativos relativos a los países escandinavos, cuya información recibí yo mismo directamente de fuentes más que fiables hace ya unos años. Fue en abril de 2013 cuando tuve ocasión de celebrar una reunión, como Presidente que era de Transparencia Internacional España, con los Embajadores de los cuatro países escandinavos: la de Suecia (C. Julin), el de Noruega (J.C. Vibe), el de Finlandia: (M. Keinanen) y la de Dinamarca (L.D. Wisborg), reunión que celebramos en la embajada de Finlandia, y cuyo motivo era que estos países venían -y vienen- siendo desde hace mucho tiempo los que alcanzan puntuaciones y posiciones de privilegio en el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, así como en otros índices sociales y educativos a escala global. Nuestro deseo era aprender y obtener información sobre las prácticas y la situación regulatoria, institucional y social existente en estos países, con el ánimo de tener así una referencia positiva y conocer experiencias de las que pudiéramos aprender en nuestro país.
Nos vamos por tanto a referir a diversos casos que nos contaron los cuatro Embajadores de dimisiones o ceses de políticos acaecidos en dichos países y derivados de conductas inadecuadas. En primer lugar, la embajadora de Suecia nos contaba el caso de una antigua viceprimera ministra sueca, que tuvo que dimitir cuando se descubrió que había pagado con una tarjeta bancaria oficial unas tabletas de chocolate Toblerone y otros pequeños gastos para su familia, por importe total de 35 euros, lo cual le hizo perder su cargo político. Otro ejemplo fue el que nos contó el embajador de Noruega, explicando que un ministro de ese país se vio obligado a dimitir por el hecho de no haber incluido en el Registro nacional de empresas una pequeña empresa familiar de su propiedad, y por lo cual tuvo que abandonar su cargo. Un tercer ejemplo significativo nos lo contó el embajador de Finlandia, haciendo referencia a una primera ministra de ese país, que tuvo que dimitir cuando se descubrió que había conocido y utilizado documentos oficiales secretos que había negado haber recibido, cosa que se demostró no era verdad. Y un cuarto ejemplo relacionado con estos países nos lo facilitó la embajadora de Dinamarca, contándonos el caso del alcalde de una ciudad danesa que tuvo que dimitir cuando se descubrió que había pagado con dinero oficial gastos personales en I-tunes y en varias bebidas alcohólicas, lo cual originó igualmente su dimisión. Estos embajadores, en resumen, remarcaron que lo de menos era el nivel o la cuantía de lo ocultado o defraudado, siendo lo realmente determinante el hecho de haber tenido una conducta incorrecta un representante político de los ciudadanos.
Los diversos casos antes descritos vienen a poner de manifiesto el importante abismo existente entre unos y otros países respecto a las pautas y exigencias éticas de la sociedad ante las conductas indebidas de los políticos, y en las consecuencias que pueden acarrear tales conductas por reducido que sea el importe o el nivel de gravedad de las mismas. Si examinamos lo que viene ocurriendo en nuestro país, y no es nuestra intención aquí señalar a unos u otros políticos concretos (para evitar olvidos y posibles sesgos, y porque necesitaríamos quizá varias páginas para ello), creemos en todo caso que resulta evidente el cansancio (e incluso hastío) de los ciudadanos ante la muy poco edificante y pertinaz resistencia a la dimisión de tantos políticos, de muy diversas formaciones e instituciones, por conductas incorrectas o fraudulentas, a veces realmente palmarias, lo cual nos hace ver lo manifiestamente mejorable de nuestra situación y el muy largo recorrido (político, jurídico, institucional y educativo) que nos queda en esta materia para llegar a los estándares existentes, por ejemplo, en otras latitudes y países dentro de la propia Europa.
En este contexto, y por ser proactivos, vamos a permitirnos recoger algunas propuestas para combatir esta situación en nuestro país: 1) Normas legales específicas de integridad pública que obliguen a la dimisión automática de los cargos cuando existan indicios razonables o suficientes de participación en conductas indebidas o actividades delictivas, especialmente en casos de corrupción. 2) Agilización judicial, modernizando la justicia para acelerar los procesos contra cargos públicos, con unos plazos perentorios que eviten la dilación indebida. 3) Creación de Comisiones de ética independientes, con capacidad sancionadora, para evaluar las conductas contrarias a la ética pública, más allá de los procesos judiciales. 4) Propiciar una cultura de la rendición de cuentas, fomentando desde la educación cívica el valor de la responsabilidad política y de rendir cuentas como pilares esenciales de la democracia.
En resumen, el hecho frecuente de que no haya consecuencias reales por conductas o actos indebidos de gravedad ha creado un cierto clima de impunidad que viene a erosionar la confianza ciudadana además de socavar la democracia. Ante esta situación resulta imprescindible una mayor exigencia por parte de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y sobre todo de los propios partidos políticos y responsables institucionales. Es fundamental que los líderes políticos asuman que su legitimidad no solo se basa en los votos, sino también en la confianza y la integridad, y que la ética debe ser la frontera infranqueable de la política. Solo así se podrá empezar a restaurar la fe en las instituciones democráticas y a construir un futuro en el que el poder sea sinónimo de servicio público, y no de impunidad personal.