La presencia de un Fiscal del Estado imputado por graves delitos, pendiente de procesamiento, en la presidencia del nuevo año Judicial es una noticia que no tiene precedentes. Tenía que ser la del día. Con ella se arrastraban al noticiario los antecedentes de una deriva política que ha maniatado la dignidad del Fiscal a la voluntad de quien lo ha designado y ahora impone que figure en el estrado del oficio al inaugurarse el nuevo curso judicial como una institución principal de la democracia. Si nunca ocurrió que el Fiscal del Estado haya servido de contrafigura de la función que corresponde a la dignidad de la institución que representa actuando al servicio del poder ejecutivo, ahora ha ocurrido a la vista de la ciudadanía como si se transmitiera la imagen de un rito habitual efectuado con transparente normalidad.
Este es la noticia de un día pasado. O debió serlo, ya que estaba al alcance de todos. Pero la actualidad derivó la discusión por otra senda que, lejos de ayudar a salir del lodazal en que se halla situada la institución fiscal, contribuye a sumergirla más en la densidad del fango producido por la maquinaria que el gobierno lleva alimentando desde que decidió dividir el país español en dos partes incomunicables, ya definitivamente separadas. Un pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por quien acomoda a sus intereses la administración de una tea incendiaria es como confiar la resolución de los problemas políticos al arte de la quiromancia.
A veces ha habido que discutir si aquellos polvos del socialismo que trajo González son los causantes de los lodos que ahora han convertido la política en una ciénaga. Un Fiscal imputado por el Supremo figura como una institución representativa de la dignidad del Estado y el gobierno emplaza al Rey como si fuera artífice de su ejercicio. Muchos antecedentes parecen indicar que lo que ocurre durante el sanchismo es continuidad de lo ocurrido durante el socialismo. Sánchez ya lo hizo valer cuando necesitó acusar a González como generador de la corrupción, estado que hoy embadurna a los administradores del partido, como si esa suciedad previa ayudara por contraste, a blanquear ciénaga actual.
Si se añaden nombres como Urralburu, Roldán, el Gal, o si se recuerda el “Montesquieu ha muerto” de Alfonso Guerra, hay motivos para pensar que no hay solución de continuidad entre socialismo y sanchismo, entre el ministro Barrionuevo, que tuvo que purgar en la cárcel, y Cerdán que puede que tenga que purgarla si el Supremo lo enjuicia. Los precedentes son tan zafios que parece que ahora no se trata más que de ir aún poco más allá de donde llegó Felipe González.
No es así, aunque sea tentador vincular ambas etapas. Si el sanchismo solo fuera una continuidad de los latrocinios heredados, también cabría interpretarse la política sanchista como una herencia de la política transmitida por el socialismo de entonces o la del Partido Popular. El conjunto es tan normal, como normal es que la corrupción, siempre normal, haya que extirparla por medios judiciales que la purguen y elecciones políticas que las laven. Purgada y lavadas han sido las políticas del PSOE y del PP, la Gurtel, la Púnica y lo que se quiera añadir para lucir el tú más o menos que yo. Pero seamos consecuentes con la labilidad humana y con nosotros mismos. Esto no es cosa del bipartidismo, es cosa de la ocasión que brinda de impunidad a toda concejalía. sea familiar, local, autonómica o nacional.
Lo extraordinario de la noticia del fiscal no fue que su presencia degradase su uniforme, sino que fuera sustituido el comentario de su presencia por el de la ausencia de un político que tuvo el valor de dar la señal de alarma al no sentarse cerca del denigrante de un oficio institucional. Resulta risible leer en el editorial de El País, escuchar en la Ser o ver en un programa televisivo como Todo es mentira, que el líder de la oposición, Feijóo, desplanta al Rey por ausentarse, en lugar de reconocer que le hacer un servicio, al excluirse de un acto cuya finalidad es desnudar al Rey como adorno del que va desnudo. Si su presencia es imperativa no puede admitirse que sea instrumento de una institución devaluada por un Fiscal indigno de lucir la toga. ¿Error de Feijóo? ¿Desplante al Rey? ¿Fuga ante el pueblo de Paiporta o ante los fuegos de León? ¿Cobardía por dejar en evidencia a quién muestra su indignidad sin vigor para dimitir porque se lo exige, por motivos inconfesables, quien lo nombró para blindarse ante esos motivos? Aquí lo que importa es que, no siendo nuestra Constitución beligerante, presupone la lealtad del Gobierno, de los partidos que lo respaldan, de la oposición y de la justicia, cuya voz representada por la presidente del Tribunal Supremo también se ha escuchado con la claridad que merece la dignidad y el respeto a la independencia judicial. Se proclama el cumplimiento de la Constitución ante el Rey, un juramento que no necesita cláusulas de reserva o retruécanos indignos, a los que ya nos hemos habituado como si fueran proclamas de deslealtad, que admiten sin sonrojo los que se alarman por un gesto de coherencia y pulcritud en defensa de cuanto los demás tergiversan u ocultan. González no dio patadas contrala lealtad constitucional, aunque se equivocó con leyes que permitieron darlas. Ahora se jalea la patada y se hace mofa del que sale a defenderla.
Visto lo visto, si se sustituyera la hipocresía por la decencia, si se antepusiera la lealtad a la indignidad, si el oportunismo cediera el paso al análisis periodístico, hasta El País pediría elecciones en lugar de alarmarse farisaicamente por una ausencia honrosa y rendir tributo a un farsante que solo asiste a un acto público si va protegido.