En vísperas de que Begoña Gómez acuda a al tribunal de Plaza de Castilla a declarar por un presunto delito de malversación, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, pero no descarta en su resolución que haya podido cometer otros delitos por los que también está acusado como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, dejando en manos del tribunal la valoración de una posible condena por cualquiera de ellos. El Alto Tribunal, además, denuncia el vacío legal que va a permitir a García Ortiz sentarse en el banquillo de los acusados sin dimitir de su cargo “lo que pone en cuestión el prestigio de la Institución”. El auto es demoledor, pues el instructor impone al fiscal una fianza de 150.000 euros frente a una posible condena de hasta seis años de prisión como indemnización por daños morales y para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que sea condenado y le avisa de que, si no la consigna en el plazo de cinco días, ordenará el embargo de sus bienes. Como ha declarado Núñez Feijóo, el empeño del fiscal en no dimitir es otro caso de “degradación institucional” y si “Sánchez no exige su dimisión, le acompañará hasta el banquillo de los acusados”.
Se trata de una nueva crisis institucional, un hecho inaudito, una anomalía sin precedentes en las democracias occidentales, una desvergüenza. El fiscal general del Estado, el garante de que la Justicia persiga con independencia y rigor a los que infringen la ley, el que imparte instrucciones a los demás fiscales va a sentarse en el banquillo de los acusados como si fuera un vulgar delincuente. Y ha tenido y sigue teniendo la desfachatez de permanecer en su cargo, de no dimitir con la única misión de defender al Gobierno. Sólo al Gobierno. Lo hace respaldado y jaleado por Pedro Sánchez que le nombró y ahora le anima para que no dé un paso atrás, que no desfallezca. Porque le necesita en su puesto para defender a los muchos presuntos delincuentes que le rodean en su familia, en su Gobierno y en su partido. Y porque le necesita para perseguir desde las cloacas a los integrantes de esa fachosfera que se ha inventado para permanecer en el poder y acosar a políticos, periodistas y jueces que le incordian, que descubren y publican sus fechorías y que, incluso, algún día podrían imputarle a él mismo. No es casual que García Ortiz esté imputado por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, pues es la gran rival del presidente.
Y, por eso, Sánchez ha vuelto a atentar contra la separación de poderes y el Estado de Derecho al defender sin pudor a García Ortiz, después de que el fiscal se vea obligado a sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo: “Es inocente-ha dicho- y tiene el aval del Gobierno.” Pero cada día resulta más evidente que los magistrados de la sala segunda del tribunal tienen suficientes pruebas para juzgar al hombre que ostenta la jefatura de la Fiscalía y se autoproclama el gran defensor de la ley. El defensor que necesita el presidente para sacar la cabeza de la pocilga en la que chapotea sin remisión. Y también por eso, el líder del PSOE necesita prolongar la legislatura para ganar tiempo antes de convocar las elecciones generales.