Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, se ha negado a declarar este miércoles como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también se ha acogido a su derecho a no declarar.
Gómez tampoco ha respondido a preguntas del fiscal, pero sí ha contestado a su abogado durante un cuarto de hora en el que ha explicado que su asesora le hizo alguna gestión "excepcional" como "favor" que no afectó a sus funciones.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha citado a la mujer del presidente del Gobierno para dilucidar si hubo irregularidades en la designación de la asesora y en el trabajo que desempeñó, dentro de una pieza separada que se desgaja del proceso principal, en el que magistrado ya investigaba a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
En esta pieza el juez ya tomó declaración como testigo al ministro Félix Bolaños en Moncloa, al haber sido secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en julio de 2018. Después, planteó imputarle en el Tribunal Supremo, quien sin embargo lo rechazó de plano al advertir una "absoluta" falta de indicios.
Fue en agosto cuando Peinado imputó a Gómez y Álvarez y se basó en la resolución dictada por la Audiencia de Madrid en junio, que decía que la investigación debe centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada -Begoña Gómez- en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
Lo hizo pese a que en un primer momento -en un auto de mayo- negó que hubiese indicios de malversación contra ambas, mientras que sí imputó este delito al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que también ocupó el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno. Recientemente tanto Gómez como Álvarez han recurrido su imputación.
El abogado de Gómez dice ser consciente de que el magistrado no suspenderá su citación, pero deja claro que no hay ningún indicio de malversación en una causa en la que Peinado hace una interpretación del Código Penal "exorbitada", "extremadamente extensiva y alejada de la realidad".
En otro recurso impugna que el juez pida a Presidencia del Gobierno "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde una "cuenta asignada" a Begoña Gómez desde julio de 2018, ya que lo hizo a través de una providencia y no un auto motivado.
Peinado ha solicitado al exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio que le entregue, en un plazo de 10 días, todos los correos en los que aparezca como remitente o destinataria la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.
Peinado, que este mismo miércoles ha citado a ambas como investigadas, quiere conocer el contenido de los correos de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, en relación con la institución en la que la mujer del jefe del Ejecutivo codirigió una cátedra.
Ha dictado esta providencia en la pieza separada en la que investiga si se desviaron fondos públicos en el nombramiento de Cristina Álvarez y si ésta realizó funciones privadas en favor de Begoña Gómez.