El asalto a la Constitución

En estos días en que se conmemora el 30º aniversario de la vigente Constitución se han oído, con mucha mayor insistencia que en ninguna ocasión anterior, críticas de fondo al texto que fundamenta nuestro presente sistema político. No se trata ya de críticas de detalle a este o aquel aspecto parcial sino de un asalto en toda regla que no oculta su propósito de deslegitimar de arriba abajo la Carta Magna que trajo la democracia a España. Aunque, si se quiere, es posible afirmar que fue la inequívoca voluntad democrática del pueblo español la que alumbró esta Constitución, la primera en nuestra historia que no ha sido el triste resultado de la imposición de unos sobre otros, sino el fruto feliz de un acuerdo entre todos o casi todos. De ahí sus inevitables defectos de detalle que, en ningún caso, según la opinión que había predominado hasta ahora, infirmarían su máximo valor en cuanto basada en el consenso, concepto éste necesario (en una circunstancia como aquella) pero tan injustamente vituperado.

¿Por qué se ha producido este fenómeno? En nuestra opinión la raíz hay que buscarla en la crítica sistemática de la Transición y de lo que significó en nuestra historia política, como mecanismo indispensable para dejar atrás la dictadura, que, desde el Gobierno, se alentó y promovió durante la pasada legislatura. La malhadada ley de Memoria Histórica y su apenas oculta pretensión de enlazar el presente sistema político con la supuesta legitimidad de la II República, ha sido el símbolo más visible de esta estrategia. La ridícula garzonada, parada en seco por los propios órganos judiciales, ha sido el último (por ahora) gruñido de esta resentida e irracional voluntad de ponerlo todo patas arriba. No puede resultar extraño que los sectores de la izquierda –que, con los ojos en blanco, parecen añorar los horrores de los años treinta del siglo pasado- se apunten a este revisionismo descalificador de lo actual. Es mucho más sorprendente que, por la derecha, se multipliquen actitudes similares, añorando, quizás, inconscientemente o no, las supuestas seguridades de la dictadura franquista. Se pone en solfa la Transición, la Constitución, la Monarquía Parlamentaria y en general todo el presente sistema político. Un sistema que tiene, desde luego, no pocos defectos, aunque la mayor parte de ellos no son consecuencia del texto constitucional sino de la clamorosa mala gestión de los Gobiernos, muy especialmente del actual.

Para abonar estas tesis descalificadoras se están utilizando argumentos que no aguantan el menor análisis, pero que se airean en tertulias y hasta en artículos de pretendidos expertos. Se dice, por ejemplo, que las Cortes de 1977 se arrogaron un poder constituyente que nadie les había dado. Olvidan quienes esto afirman que Cortes Constituyentes convocadas como tal han sido excepcionales en nuestra historia. Ni siquiera las Cortes de Cádiz, redactoras de la Constitución de 1812 lo fueron exactamente. El decreto de la Junta Suprema que las convocó sólo pretendía “que se restablezca la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes”. Es, una vez reunidas, cuando las Cortes, que se autotitulan “generales y extraordinarias”, deciden redactar una Constitución. Tampoco hay un actuante poder constituyente propiamente dicho ni en la Constitución de 1845 ni en la de 1876 –la de mayor duración por ahora de nuestra historia- como muestran sus preámbulos que aluden a unas “Cortes actualmente reunidas”. Olvidan también quienes mantienen esta insostenible posición que la Ley de Reforma Política aprobada por referéndum en diciembre de 1976 –en la que se basa la convocatoria de las Cortes de 1977- alude claramente en su artículo 3º a la reforma constitucional, que fue la base legal para que las Cortes de 1977 afrontaran la redacción de la que había de ser Constitución de 1978.

Nos hallamos ante un asalto a la Constitución y a cuanto significa desde distintos frentes y, seguramente, por motivaciones muy diferentes. Los republicanos y los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, socios algunos de ellos del PSOE gobernante y animados porque el primero en asaltar al sistema ha sido el propio Gobierno, han aumentado el tono y elevado el listón de sus exigencias. Ese bodrio llamado Estatuto catalán es sólo el más conocido parto de tan aberrante coyunda. Por la extrema derecha –incluso en sectores que negarían tal adscripción- aparecen grupos cada vez más intransigentes y vocingleros que son el negativo de las mismas actitudes de la izquierda radical: acabar con el sistema actual y dar un salto en el vacío, que sólo podría llevarnos al caos. Si un alcalde del PSOE puede decir, en un auténtico lapsus freudiano, que los que votan a la derecha son “tontos del culo”, porque su oculta aspiración es el partido único y el populismo a lo Chávez, por la otra parte se mantiene aspiraciones semejantes, aunque de signo contrario: se trata de eliminar políticamente a los que no piensan exactamente como ellos. Ni unos ni otros tienen que ver nada con el espíritu de la Transición, que se basó en la convivencia de los diferentes. Y en un juego limpio y en el respeto al espíritu y a la letra de nuestra treinteañera Constitución que, desgraciadamente, se ha olvidado desde el Gobierno va a hacer muy pronto cinco años.