Ya en la primera etapa, tanto los deportistas como el público sufrieron la avalancha de los manifestantes que pedían la expulsión de Israel de la competición por “el genocidio de Gaza”. Inmediatamente, Yolanda Díaz y los portavoces de Bildu celebraron la salvajada como un acto de valentía y felicitaron como si fueran héroes a los que participaron en la batalla campal. Y era de esperar que el Gobierno de Sánchez, por boca de Albares, pidiera la retirada del equipo de Israel en lugar de condenar la violenta protesta. Esa inaudita exigencia ha sido la constante de otros ministros, como la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría en una rueda de Prensa del Consejo de Ministros, el delegado del Gobierno en Madrid que aseguró que protegería a los manifestantes para que pudieran celebrar sus algaradas. Y el propio Sánchez, que horas antes, ha justificado el boicot a la Vuelta con un grito insuperable: “Vivan los derechos humanos y viva el pueblo español.”
Sin duda, la brutal invasión de Israel de la franja de Gaza es motivo suficiente para que se celebren manifestaciones de condena. Pero deben ser pacíficas. No es admisible convertir una concentración a favor de Palestina en una salvajada antideportiva como la cometida por los radicales antisemitas que han boicoteado la Vuelta Ciclista a España. El Gobierno está obligado a impedir las algaradas y cumplir con su obligación de proteger a los deportistas y a los espectadores. Pero prefiere promover su fanatismo contra Israel. Y el resultado de sus delirantes proclamas está ahí: en las calles de Madrid invadidas por radicales que han impedido que concluya con normalidad la Vuelta Ciclista a España.