La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha detectado "irregularidades administrativas" en tres adjudicaciones del Gobierno socialista de Navarra a la UTE de Acciona Construcciones y Servinabar 2000, la empresa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; e incluso considera "nula de pleno derecho" la adjudicación para duplicar el túnel de Belate.
La propia presidenta de Navarra, María Chivite, anunció que pediría informes a esta oficina cuando se publicó el informe de la UCO, a raíz del caso Koldo, que mencionaba a ambas empresas.
A primeras horas de este lunes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno navarro , Félix Taberna, ha avanzado que habían recibido los informes, que han sido remitidos a la comisión de investigación constituida en el Parlamento Foral, en los que se aprecian "irregularidades administrativas", sin entrar en detalles y precisando que no se observaba ningún perjuicio para las arcas forales.
El informe relativo al túnel, al que ha tenido acceso EFE, señala que el procedimiento vulneró las normas esenciales de funcionamiento de los órganos colegiados. Apunta que cuatro vocales entregaron sus puntuaciones al presidente de la mesa, que fijó la suya conociendo previamente las de los demás.
Además, gran parte de la valoración de las ofertas se realizó mediante intercambio de correos electrónicos, sin convocatorias formales ni reuniones válidas, lo que fue objeto de votos particulares de varios vocales que denunciaron la falta de motivación de las puntuaciones y la existencia de vicios en el procedimiento.
La licitación, con un presupuesto de salida de 78,6 millones de euros, fue finalmente adjudicada por 62,88 millones, con una baja del 20%, aunque el proceso superó en 80 días el plazo máximo legal.
Este órgano no ha podido determinar si existió un conflicto de interés en la actuación del presidente de la mesa, una cuestión que deberá dilucidar la comisión parlamentaria. En cualquier caso, considera necesaria una reforma de la Ley Foral de Contratos Públicos para reforzar la transparencia y garantizar el correcto funcionamiento de las mesas de contratación.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha concluido también que el contrato para la construcción de 62 viviendas de protección oficial (VPO) en Ripagaina (Pamplona), promovido por Nasuvinsa y adjudicada a Acciona y Servinabar, incurrió en "irregularidades graves" que lo hacen nulo de pleno derecho.
Asíe señala que Nasuvinsa incumplió, en una adjudicación de 2018, de manera “sistemática y continua” la Ley Foral de Contratos Públicos, ignorando principios básicos de transparencia y legalidad.
Entre las deficiencias detectadas figuran la ausencia de documentación esencial de varias licitadoras, la falta de actas de la Mesa de Contratación, la adjudicación a una UTE (formada por Acciona y Servinabar) que no estaba formalmente constituida y el uso indebido de criterios de adjudicación.
Considera que la acumulación de incumplimientos “flagrantes y palmarios” excede de meras irregularidades administrativas y concluye que la adjudicación vulneró las reglas esenciales del procedimiento, por lo que carece de validez jurídica.
Además, ha detectado irregularidades en el contrato de construcción de 46 VPO en Ripagaina en 2022, adjudicado a una UTE formada por Acciona y Servinabar, que ponen en cuestión la legalidad del procedimiento.
El informe advierte de la ausencia de documentación preparatoria esencial, como el informe de necesidad, el informe jurídico y la fiscalización de la intervención. Además, señala que no se aprobó formalmente el expediente de contratación, requisito indispensable.