Mientras el Gobierno continúa utilizando la invasión de Gaza como cortina de humo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, abrir una investigación sobre la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rescate de Air Europa.
La decisión, ya firme al no haber sido recurrida ante el Tribunal Supremo, responde a un recurso interpuesto por el Partido Popular contra el archivo de las pesquisas decretado por la propia OCI en marzo de 2024. El tribunal concluye que el órgano deberá “tramitar la denuncia con una actividad de investigación al respecto”.
El caso se remonta al rescate de 475 millones de euros aprobado, en plena pandemia, por el Ejecutivo a favor de la aerolínea del grupo Globalia, mientras la compañía patrocinaba actividades dirigidas por la esposa del presidente, Begoña Gómez, como responsable del IE Africa Center. Según revelaciones periodísticas, Gómez mantuvo reuniones con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en los meses previos a la operación.
El PP argumentó que Sánchez debió abstenerse en los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, en los que se aprobaron ayudas a la aerolínea. La Oficina de Conflicto de Intereses desestimó en su día la denuncia, pero el TSJM considera insuficientes los motivos del archivo y ordena reabrir la investigación.
Desde Génova celebran una resolución que, aseguran, “vuelve a situar al Gobierno ante un requerimiento judicial por sospechas de irregularidades en La Moncloa”. El partido de Alberto Núñez Feijóo subraya que esta decisión llega tras una serie de reveses judiciales que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo, incluida la situación procesal de su mujer y de su hermano.
La Oficina de Conflicto de Intereses, dirigida por el Ministerio de Óscar López, deberá ahora retomar las diligencias y analizar si Sánchez incurrió en un conflicto de intereses al participar en las decisiones sobre el rescate de Air Europa.