Pedro Sánchez necesita, sí o sí, los siete votos del prófugo golpista Carlos Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Sin ellos no podrá aprobar por tercer año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado. Y por añadidura, si el presunto delincuente decide apoyar una moción de censura, viable con Nicolás Redondo Terreros como presidente, Pedro Sánchez se vería desplazado de su poltrona monclovita.
El líder socialista sabe que está en manos de Carlos Puigdemont. El golpista también lo sabe y continuará exprimiendo a Sánchez como a un limón. Aparte de los dineros que le han llovido desde las cuentas públicas, aparte de las concesiones políticas conquistadas, Carlos Puigdemont tiene todavía una larga lista de exigencias y la menos importante es la inmigración. Los propósitos del prófugo están claros. Quiere a la Policía Nacional fuera de Cataluña. Quiere a la Guardia Civil fuera de Cataluña. Quiere, y son palabras mayores, al Ejército fuera de Cataluña. Y una vez arrancados del sanchismo todas estas concesiones, quiere un referéndum de autodeterminación. Hablar solo de inmigración es desvirtuar la realidad de la situación. Pedro Sánchez acabará sentándose junto al prófugo golpista. Por lo pronto ha enviado al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que, genuflexo ante el rebenque separatista, converse con el prófugo y consiga de él una prórroga que satisfaga a Pedro Sánchez para permanecer unos meses más en el poder.
A nadie engaña la situación actual, aunque Moncloa trate de enmascararla. Acorralado y humillado, el presidente del Gobierno está dispuesto, pagando lo que haga falta, a permanecer los meses que necesita para manipular las elecciones con la compra descarada de votos a colectivos numerosos, la preparación de un censo inflado, el control del voto por correo y otra serie de jugarretas potenciadas desde todas las instituciones, con incidencia directa o indirecta sobre las elecciones generales.