La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha denunciado este miércoles durante la apertura del año judicial el “verdadero colapso del sistema” que ha supuesto la llegada de 1.937 menores inmigrantes no acompañados a la región en 2024, la mayoría a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Según la memoria anual de la Fiscalía, 1.110 de estos menas —el 57,5 % del total— accedieron a la Comunidad por Barajas, frente a los 399 registrados en 2023. La mayoría llegaron en vuelos procedentes de Casablanca y Egipto, en un flujo “mucho menos controlado” que el que accede desde Canarias, lo que ha puesto al límite tanto las infraestructuras aeroportuarias como los dispositivos de primera acogida.
Lastra ha explicado que la situación ha provocado la saturación de los centros de atención y una presión sin precedentes sobre el sistema sanitario, dado que sólo un hospital en Madrid está autorizado a realizar pruebas radiológicas para la determinación de edad. Esta limitación ha generado retrasos de hasta ocho meses en la emisión de informes.
La memoria de la Fiscalía también ha alertado del “absoluto desbordamiento” en las salas de inadmitidos y de asilo del aeropuerto. Allí, la avalancha de solicitudes de protección internacional en frontera superó con creces la capacidad material y humana de los servicios, obligando a una coordinación de urgencia entre el servicio de guardia, el decanato y la sección de extranjería para garantizar que no se vulneraran derechos fundamentales.
Para aliviar la presión, se han impulsado visados de tránsito para determinadas nacionalidades, lo que ha contribuido a frenar gradualmente las llegadas masivas por Barajas. Además, se han abierto diligencias e investigaciones judiciales que han derivado en operaciones policiales contra presuntas redes ilícitas que podrían estar detrás de este flujo migratorio.
En su discurso, Lastra ha calificado de “intolerable” la criminalización de estos menores, recordando que “lo único que intentan es tener un futuro que no pueden conseguir en sus países de procedencia”. Ha advertido de que la polarización política y la radicalización ideológica “crean un clima de hostilidad hacia colectivos vulnerables que favorece acciones violentas contra sus miembros”.
No obstante, la fiscal ha insistido en que esta situación ha supuesto un “colapso real” no sólo de las infraestructuras aeroportuarias, sino también de los recursos destinados a acoger a estas personas, y ha pedido reforzar tanto los medios materiales como humanos para evitar que se repitan episodios similares.