Vamos a comenzar este artículo con dos significativas cifras: En España hay actualmente más de 150.000 puestos de trabajo vacantes, en sectores esenciales como la hostelería, la construcción, la agricultura, el transporte, la sanidad, o la tecnología, lo cual limita el crecimiento económico y la sostenibilidad de nuestro modelo social. Y por otra parte: en los últimos cinco años han llegado a nuestro país más de 200.000 inmigrantes irregulares (con una tendencia notable de crecimiento, especialmente por vía marítima), lo cual viene generando importantes problemas sociales, de salud, humanitarios y numerosas tensiones políticas.
Ambas cifras se pueden interpretar como las dos caras de una misma moneda, o lo que es lo mismo, dos problemas simétricos y antagónicos de nuestra sociedad como país, con una economía que necesita ser más competitiva y con una sociedad que necesita ser cada vez más plural, diversa e inclusiva. Este doble desafío debería ser abordado por nuestros representantes políticos de una forma coordinada y esencialmente unísona, y el caso es que parecen bastante dormidos (y en camas muy separadas) respecto a esta importante alarma económica y social.
En este contexto resulta tan necesario como urgente promover una política migratoria planificada y ordenada, que dote de canales seguros y legales a los flujos de inmigrantes, muchos de ellos potenciales trabajadores, propiciando su integración social.
Los principios básicos de esta política deberían ser al menos los siguientes: a) Respeto a los derechos humanos y laborales, b) Transparencia en la contratación, c) Igualdad de oportunidades, y d) Beneficios compartidos para los trabajadores, las empresas y la sociedad española.
A tal efecto, proponemos que los representantes políticos (de unos y otros partidos) pudiesen dialogar y acordar un proyecto o iniciativa legal, que se podría llamar: Puentes de integración (o alguna otra denominación) por el cual se debería articular una estrategia integral para ordenar las contrataciones en origen, fijar requisitos transparentes de entrada y garantizar programas de acogida que permitieran a un buen número de inmigrantes incorporarse a la vida laboral y social de nuestro país, y ello en base a una información detallada y pública de los puestos vacantes en cada sector y territorio de este país.
Una iniciativa de este tipo debería estructurarse en una serie de actuaciones (con participación de los distintos niveles de administraciones públicas: estatal, autonómico y local) tales como las que proponemos a continuación:
- Reforzar y ampliar convenios bilaterales con los diversos países de origen, estableciendo a tal efecto programas anuales de contratación, y ello en coordinación con los servicios públicos de empleo y con la participación activa de comunidades autónomas.
-Diseñar un sistema detallado de contingentes y puestos de trabajo vacantes, flexible y adaptado periódicamente a las necesidades específicas de los diversos sectores económicos y territorios de nuestro país, y consensuado con los agentes sociales.
-Definir un conjunto de requisitos para la entrada regular y contratación de los inmigrantes: a) Contrato de trabajo (o compromiso de contratación validado) legal y transparente. b) Ausencia de antecedentes penales. c) Disposición a recibir formación lingüística básica. d) Compromiso de cumplir la legislación laboral, fiscal y social española.
-Garantizar condiciones de acogida dignas, incluyendo alojamiento temporal, orientación laboral, acceso a sanidad y servicios sociales, y escolarización/educación de menores.
-Implementar un sistema digital e integrado de inscripción y selección de candidatos, con criterios de igualdad y trazabilidad.
-Desarrollar campañas públicas de sensibilización y convivencia, que favorezcan el respeto por la diversidad cultural y la cohesión social.
-Crear un sistema de evaluación periódica, con participación de empresas, sindicatos y administraciones públicas para analizar los resultados del proyecto y de la inserción laboral y social.
Finalmente, y de cara a propiciar un alto nivel de conocimiento de un proyecto como éste, sería necesario realizar diferentes actuaciones de difusión, a nivel nacional e internacional, tanto del proyecto como del conjunto de ofertas de empleo detalladas por sectores y territorios, tales como: a) el Portal de empleo del SEPE. b) La red EURES. c) las Embajadas y los Consulados de España, d) Campañas periódicas en países con acuerdos de movilidad laboral. e) Colaboración con organizaciones internacionales, como la OIT o la ONU-OIM.
En resumen, es tan necesario como urgente, y ello es responsabilidad inmediata de todos nuestros representantes políticos, sincronizar en lo posible mercado laboral e inmigración, propiciando una política migratoria ordenada, eficaz y solidaria, que contribuya tanto al bienestar y progreso económico de la sociedad española como a la acogida de quienes buscan oportunidades en este país.