El fiscal general del Estado podría ser condenado por cometer el delito de revelación de secretos. Pero más allá, el Tribunal Supremo sospecha que Pedro Sánchez se encontraría en medio de la trama de las filtraciones para atacar a Isabel Díaz Ayuso, su gran enemiga política. De hecho, la presunta filtración del correo partió de La Moncloa en dirección al entonces portavoz socialista, Juan Lobato, para que denunciara en la Asamblea a la presidenta madrileña. La operación se gestó desde el gabinete de Presidencia, entonces en manos del actual ministro Óscar López. Y ese es el indicio del presunto delito cometido por el presidente del Gobierno. Por ahora, resulta improbable que Pedro Sánchez sea imputado. Pero no hay que descartar que suene su nombre en el tribunal como uno de los artífices de la perversa maniobra urdida para desacreditar a Díaz Ayuso en medio del fragor judicial contra su familia, su fiscal general y medio Gobierno.
De ahí que ahora, para desviar la atención, en su escrito remitido al Supremo, la Abogacía del Estado pretenda involucrar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Díaz Ayuso, como el autor, según los letrados del Gobierno, de la filtración a través de una campaña que forma parte de una "operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa" que tendría la publicación de una denuncia contra Alberto González Amador por defraudar a Hacienda. Según los abogados de Sánchez y García Ortiz, se trataba de crear un “relato alternativo” que presentara al novio de Ayuso como "la víctima de una operación política en la que habrían contribuido Hacienda y la Fiscalía.
Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo considera que "hay una base indiciaria para presumir la relevante participación" de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su "participación preeminente" en los hechos. Por eso, sospecha que "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos".
De nuevo, la actuación de la Abogacía del Estado se limita a intentar defender a Pedro Sánchez de los muchos casos de corrupción que le asedian; y ahora también de su fiscal, al que necesita para librarle de esos casos. Y con el escrito presentado en el Supremo, sólo busca justificar lo injustificable como el borrado de su móvil con el argumento de que "lo hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura" en atención a documentos oficiales sobre protección de datos; y la eliminación de su cuenta personal al recibir mensajes "incómodos y en ocasiones hostiles".
Pero resulta improbable que García Ortiz pueda evitar sentarse en el banquillo de los acusados; incluso pueda ser condenado. Sólo hay que esperar a conocer el futuro judicial del presidente del Gobierno por ser el presunto cerebro de la maniobra contra Díaz Ayuso, sin olvidar que presuntamente “enchufó” a su hermano y contribuyó a los negocios de su mujer.