Sánchez es Presidente del Gobierno merced a la escisión de la representación parlamentaria de los sectores que suelen llamarse liberal-conservadores, pero que comprenden una amplia gama de posiciones de centro-derecha –dicho sea en el lenguaje político usual- y estaban encuadrados en el Partido Popular durante largo tiempo. La emergencia y posterior potenciación de Vox es el exponente principal de esa división. Ha sido muy probablemente esa división la causa de que en las elecciones del 23 de julio de 2023 el centro-derecha no volviera a obtener la mayoría absoluta en el Congreso que llegó a obtener en 2011 o en el 2000.
La causa más determinante del nacimiento de Vox fue, sin duda, el fuerte efecto negativo que produjo en muchos afiliados al PP –reflejo de una amplia capa de su tradicional electorado- la negativa de Rajoy a dar cumplimiento al expreso compromiso electoral de derogar la ley sobre la interrupción del embarazo que habían hecho aprobar Zapatero y el PSOE, volviendo a la ley de UCD, netamente más restrictiva. Recuérdese que aquello generó una crisis del Gobierno, del que salió el Ministro de Justicia que había promovido el proyecto de ley con el que cumplir el compromiso adquirido con el electorado, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin aquello, Vox no existiría, aunque muchos defensores de la vida del no nacido siguieran militando en el PP o votando por él, tras una ponderación política de lo que a su juicio sería mejor y realmente posible para el conjunto del bien común.
Sánchez y su entorno son bien conscientes de que es para ellos vital que perdure la escisión, y de que el engorde de Vox a costa del PP es la mejor garantía para retener el Gobierno, además de favorecer su estrategia paranoica de reconducir a sus adversarios políticos al ámbito de lo que constantemente se presenta como una ultraderecha montaraz a la que los demócratas deberían oponerse con todas sus fuerzas. Y seguramente no ignoran el relevante papel que la cuestión del aborto ha jugado y sigue jugando en todo esto.
Recientes incidencias en alguna sede de representación popular de ámbito municipal o autonómico, relativas a la aceptación o rechazo de algunas medidas dirigidas a facilitar la información y reflexión de las embarazadas que se planteen llevar a cabo un aborto, han dado ocasión rápidamente al Presidente Sánchez y a su amplio equipo de asesores para identificar enseguida otra “genial” maniobra de distracción, que lleve el foco, además, a un asunto con el que poder ahondar la escisión entre el PP y Vox.
No han tardado en llevar al Consejo de Ministros, al parecer, nada menos que una propuesta de reforma constitucional del artículo que la Constitución dedica al derecho a la salud, para introducir allí el derecho a la interrupción del embarazo. Les ha bastado con ello, aunque ese derecho no sea de los susceptibles de amparo, es decir de los derechos fundamentales del nivel superior garantizados por la Constitución, el primero de los cuales es, sin duda (art.15) el derecho a la vida de toda persona, de todo ser humano, por tanto, pues a ningún ser humano se le puede negar la naturaleza y dignidad de ser persona desde que inicia su existencia como tal hasta que la concluye en esta tierra. La ventaja de meter el derecho a la interrupción del embarazo –eufemismo del derecho al aborto- en el artículo 43, del derecho a la salud, reside en que basta para modificarlo el llamado procedimiento de revisión constitucional simplificado, del art. 167 de la Constitución, que no requiere disolución de las Cortes y convocatoria de otras nuevas. Pero es claro que, en cualquier caso, la reforma constitucional que querría proponerse es inviable sin el apoyo del PP, dada la exigencia de su aprobación por mayoría de tres quintos de una y otra Cámara (60 por 100 de los diputados y de los senadores en cada una de ellas) o por mayoría absoluta del Senado (hoy en manos del PP) y dos tercios del Congreso (67 por 100 de los diputados).
Y no es otra la clave de la iniciativa. Lo que menos le importa ahora a Sánchez es constitucionalizar o no el derecho al aborto, digan lo que digan. Lo que han visto como una verdadera perla es la oportunidad de poner al PP contra las cuerdas, provocando el desgaste de la oposición para ver si el CIS le dice de verdad –en la intimidad- si, por fin, se ha llegado al momento adecuado para convocar comicios y tratar de asegurarse un nuevo mandato al frente del Gobierno, y en lo posible sin algunas de las “obligadas” ataduras actuales.
Si el PP no quiere perder sus posibilidades de liderar el cambio de Gobierno y de ciclo, debería ser claro e inflexible desde el primer momento, rechazando absolutamente dejarse envolver por el ardid. Debe negarse totalmente a la propuesta, basándose en la completa ilegitimidad de este Gobierno y de los grupos parlamentarios que le sustentan, para continuar en el timón del Estado, tras dos años sin presupuestos y caminando hacia un tercero con igual incumplimiento constitucional. Sin olvidar los procesos penales abiertos a personas tan inmediatas al Gobierno y a su Presidente, en medio de un espectáculo diario insólito en cualquier país democrático que se respete a sí mismo. Resulta descarado tratar de impulsar cualquier reforma constitucional en esta situación, en la que lo único procedente ha de ser disolver las Cámaras y convocar elecciones. No debería dedicarse ni medio minuto a entrar al trapo de discutir la oportunidad, inoportunidad, pertinencia o improcedencia de la concreta reforma constitucional propuesta. Se ha de desnudar la maniobra, como lo que es, desde el primer momento, sin más: una burda trampa.