Pedro Sánchez está citado para comparecer el 30 de octubre en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, donde tendrá que responder a las preguntas del PP sobre la presunta financiación irregular del PSOE así como por los casos de corrupción que acechan al Gobierno en los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. El presidente del Gobierno está obligado a comparecer, pues así lo establece la Constitución. Pero resulta evidente que no admitirá ni su responsabilidad ni la financiación ilegal del PSOE. Mantendrá su reiterado argumento de que “no hay nada” y de que todo son bulos de algunos medios de comunicación y de los jueces que hacen política. Y saldrá de la Cámara Alta tal y como entró. Sin admitir ser el centro de los múltiples casos de corrupción que se instruyen en los tribunales.
Y proseguirá con su estrategia redundante y la de su Ejército mediático de buscar desesperadamente desautorizar al Poder Judicial para salvar a los implicados en las fechorías que supuestamente han cometido. Se trata de una práctica mafiosa para acabar con la independencia de la Justicia. Se trata de un riesgo para la supervivencia del Estado de Derecho y, por tanto, de la propia democracia. Porque el gran peligro de esta maniobra es que el falso relato de la “fachosfera” judicial esconde el desmantelamiento del propio Poder Judicial.
La comparecencia de Sánchez en el Senado, no obstante, es una buena ocasión para que el presidente tenga que dar la cara. Pero todavía falta lo esencial: que la Justicia ponga en su sitio y siente en el banquillo de los acusados al presidente del Gobierno. Hay innumerables indicios de que Pedro Sánchez está detrás de muchos de los supuestos delitos que se juzgan, como la filtración de los mensajes del novio de Ayuso, “a raíz de indicaciones de la Presidencia del Gobierno”, según afirmó el juez del Supremo. La Justicia tiene que demostrar que todos los caminos de la corrupción conducen a La Moncloa.