La voluntad general

Uno de los equívocos más corrientes que circulan en torno al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau es el que asimila la voluntad del pueblo, como titular de la soberanía, a la voluntad general. De ese equívoco se desprende otro según el cual, al ser la soberanía (en tanto expresión de la voluntad general) infalible, las decisiones del pueblo también lo serían.

Nada más falso. En efecto, si hay aspectos en la obra del ginebrino que pueden prestarse (y de hecho se prestan) a interpretaciones de variado signo, no debería ser éste precisamente el caso. Es más, si un halo de pesimismo envuelve en un todo a esa obra, en punto particularmente a El contrato social (1762) cabe afirmar que su autor no cifraba muchas esperanzas en que hubiese pueblos aptos para adoptar el modelo allí prescripto o bien para hacer primar el bien común sobre cualquier consideración facciosa, por mayoritaria que fuese.

En el capítulo I del Libro IV de El contrato..., Rousseau sostiene que cuando el Estado subsiste sólo por una formalidad ilusoria, rotos los lazos entre los corazones, la voluntad general enmudece. Entonces, bajo el nombre de leyes, se sancionan subrepticiamente decretos injustos que no conocen otra finalidad que la defensa de un interés corporativo. Sin embargo, esto no significa que la voluntad general se haya corrompido sino que ella, “siempre constante, inalterable y pura” se ha visto subordinada a otras más poderosas. Aun quien vende por dinero su voto, concluye terminantemente Rousseau, “no extingue en sí la voluntad general, sino que la elude”.

Por esto se ha dicho que la voluntad general es un fenómeno moral antes que político o, en otras palabras, que es la traducción política de una ley grabada en el corazón de los hombres que permanece latente aunque no se manifieste y cuya jerarquía normativa es ciertamente superior al bien individual. La voluntad general es “la règle du juste et de l'injuste”, había escrito Rousseau en su Discurso sobre la Economía Política (1755). No es la voluntad del pueblo reunido en asamblea legislativa, sino la que encarna en esa asamblea sólo cuando sus miembros, guiados moralmente por ella, han sido capaces de imponer, por sobre sus propios intereses, el bien de la comunidad.

El pueblo, pues, aun para Rousseau puede sin más equivocarse. Empero, siempre es preferible esta equivocación, que no nos deja afuera de la legitimidad democrática, a la procedente de un iluminado de turno que pretenda personificar la voluntad general identificada, ya no con la recta decisión ciudadana, sino con una justicia abstracta sólo accesible a su razón. En este último caso, el totalitarismo se vuelve un hecho y la decisión se monopoliza al igual que la posibilidad de error. Evitemos esa salida y prefiramos el eventual error de muchos, que las garantías constitucionales pueden atenuar, a la supuesta sabiduría de uno.