La voracidad recaudatoria del Gobierno parece no tener fin. Tras la pandemia de COVID, la Hacienda pública encadena cifras récord de recaudación, pero nunca les resulta suficiente. La pasada semana, el Ministerio de Seguridad Social anunció su plan para seguir exprimiendo a los sectores productivos. En esta ocasión, se trataba de un nuevo ‘hachazo’ fiscal para los autónomos, que les imponía una fuerte subida en sus cuotas de cotización. Inmediatamente, la medida se topó con el rechazo frontal de todas las asociaciones de autónomos, de la oposición, de varios de los socios de investidura del Gobierno e incluso del partido minoritario en la coalición, Sumar.
Sólo la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la proximidad de citas electorales en autonomías clave como Andalucía, han forzado la rectificación gubernamental. En España hay casi tres millones y medio de autónomos, un colectivo muy numeroso en cuyo seno existe una gran diversidad de circunstancias, pero que coincide en denunciar la asfixia fiscal al que se le somete.
De hecho, la oposición ha tomado la bandera de los autónomos desde el primer instante en que se conoció este nuevo ‘sablazo’ del Gobierno. “Está convirtiendo España en un país caro para el trabajador y barato para los sinvergüenzas”, denunciaba Feijóo, ante el presidente Pedro Sánchez durante la sesión de control en el Parlamento, la pasada semana, “tiene que merecer la pena trabajar”.
Incluso elevaba el tono en un mitin, este fin de semana: “El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras y prostitutas”, aseguraba, en referencia a los últimos escándalos que afectan al PSOE.
Tras la contundencia de estas declaraciones, alguien debió darse cuenta en el seno del Gobierno de la sangría de votos que supondría este nuevo impuestazo y la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, se vio obligada a recular. La nueva propuesta que este lunes ha puesto sobre la mesa del diálogo social, sin embargo, no ha gustado por el momento a las asociaciones de autónomos y el acuerdo todavía queda lejos.
Para colmo, la propia ministra se mostraba todavía partidaria de su plan inicial, con la vista puesta en el horizonte de 2032, lo que abre la puerta a nuevas subidas de las cotizaciones sociales en el futuro, cuando el calendario electoral esté más despejado o los eventuales apoyos parlamentarios estén mejor amarrados.
Porque la convicción del Gobierno es que todavía queda mucho por exprimir a los autónomos, un colectivo por el que parecen sentir una especial animadversión, y sobre el cual siempre vierten la sombra de la duda, desde el poder, con insinuaciones y medias palabras sobre supuestos fraudes. Al margen de torpezas, pasos en falso y rectificaciones, los trabajadores autónomos siguen en el punto de mira de un Ejecutivo que nunca parece saciar su afán recaudatorio, a costa de la economía y los bolsillos de los españoles.