El Gobierno ha encajado este martes sus dos primeras derrotas parlamentarias tras la ruptura de Junts con el PSOE. El pleno del Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley del PP que pretende que el nombramiento del responsable de protección de datos del Ministerio Fiscal deje de estar en manos del fiscal general del Estado, gracias a la abstención de Junts.
Los de Puigdemont también han permitido que la cámara baja haya aprobado varios puntos de una moción de los populares en la que se instaba al Gobierno a tomar medidas sobre inmigración en un texto que recoge las principales propuestas del plan en esta materia de Alberto Núñez Feijóo.
La primera iniciativa del PP, que ha sido apoyada por Vox y UPN, se ha votado un día después de que Junts anunciase su ruptura con el PSOE, y el grupo independentista catalán ha optado por la abstención. También se ha abstenido Coalición Canaria, mientras que los grupos del Gobierno y el resto de sus aliados parlamentarios han votado en contra.
El PP ha defendido su propuesta una semana antes de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se siente en el banquillo de los acusados por revelar presuntamente información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El debate ha coincidido, además, con la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto para reformar la ley de enjuiciamiento criminal, para trasladar la instrucción a los fiscales.
Junts también ha facilitado este martes la aprobación en el Congreso de varios puntos de una moción del PP en la que se instaba al Gobierno a tomar medidas sobre inmigración en un texto que recoge las principales propuestas del plan en esta materia de Alberto Núñez Feijóo.
Un día después de que la formación que lidera Carles Puigdemont anunciara que rompía sus acuerdos con el PSOE, sus siete diputados han unido sus votos a los del PP o se ha abstenido en la moción sobre inmigración de los populares, lo que ha permitido a estos sacar adelante parte de su texto.
Entre los puntos aprobados está la petición al Ejecutivo para que promueva el retorno y la reunificación familiar de los menores mediante acuerdos de colaboración con los países de origen, tipificando penalmente el fraude de edad. También garantizar la determinación de edad en un máximo de 72 horas de aquellas personas que lleguen de forma irregular declarándose menores extranjeros no acompañados.