El Estado Social de Derecho ha caído en un institucionalismo ideológico y burocrático, con su correspondiente formalismo discursivo, que deforma u oculta una parte importante de la realidad humana. Contrariamente a la propaganda oficialista y lo que defiende el intelectualismo, la ampliación de los extendidos derechos subjetivos por parte del Estado, no ha extendido ni la seguridad jurídica, ni ha propiciado mayor protección para la casi generalidad de los individuos.
Uno de los mayores beneficiados de la extensión de los derechos han sido los que repetidamente violan la ley. Principalmente se debe a que las garantías jurídicas y, en general, los valores jurídicos del Estado Social, han sido reemplazados por un moralismo que aprovechan los transgresores de la ley para reclamar una protección especial. Incluso sirve para estimular la comisión de delitos. Los delincuentes que tienen una garantía lógica de protección de sus derechos –empezando por el imprescindible habeas corpus-, cuentan con tener un amparo muy superior a los que respetan el orden jurídico. Así como de iure todos los individuos son iguales, per existentia se produce una escandalosa desigualdad de proporción. De hecho, los derechos se activan principalmente con el delincuente, apenas con el ciudadano cumplidor de la ley que está obligado a respetar los derechos de aquél, sin que exista por su parte la más mínima reciprocidad con sus víctimas. En consecuencia, los ciudadanos cumplidores con las leyes se encuentran que no sólo disminuye la utilidad de la ampliación los derechos subjetivos, sino los perjuicios que puedan ocasionar.
La expansión sin límite de los derechos a modo de supersticiones, suele tensar tanto las relaciones sociales, que provoca una lucha intersubjetiva, ya que cada cual quiere hacer valer sus derechos e imponerlos a los demás. De manera que afectará al desenvolvimiento normal de las relaciones entre los ciudadanos. En la práctica, al crearse tantos derechos, inevitablemente contradictorios, generarán falsas expectativas, que provocarán situaciones conflictivas, debilitándose el sentimiento de lo justo –tendencia a la justicia particular-. El exceso de derechos expande el individualismo, aumenta el egoísmo –no necesariamente el bien propio-, por lo que no mejoran las relaciones sociales ni consolidar la paz social. Por eso, cuanto más disminuyen los lazos sociales, más débil será el quantum de participación pública del ciudadano. Ante esta situación, cada individuo tendrá que acudir a la potestad pública para protegerse de los demás. Paralelamente, al reducirse la capacidad de las personas para asumir los principios básicos que trazan “los hilos invisibles” de cada sociedad política, los individuos se irán despreocupando de las obligaciones comunitarias y de una actuación sponte sua. Ciertamente, aunque la masa de individuos seguirá interaccionando entre sí, el Pueblo se convertirá en una ficción.
El mayor beneficiado de la ampliación de los derechos es el poder político e ideológico. Los derechos se justifican para consolidar la personalidad, por lo que, además de protectores, deberían ser liberadores. Sin embargo, casi siempre generan una dependencia del Estado y del gobernante, introduciendo al individuo en una espiral de la que no sabrá salir.
A pesar de lo que sostiene la Declaración de Derechos Humanos (1948) de ser inherentes a la persona, en realidad son otorgados por el poder político, que no sólo tendrá el monopolio del imperativo del fin, sino la capacidad para crear una dependencia genérica que aumentará la capacidad y la potencia de los dirigentes e instituciones, al tiempo que se destruye la sociedad política como un amplio grupo de conciencias recíprocas dispuestas a mejorar las condiciones de sus componentes. La ideología progresista defensora de la extensión ilimitada de los derechos, en verdad tiene como fin desprender al individuo de su identidad y desposeerle de una ciudadanía efectiva -solo ciudadano reciclado del universo-, por lo que de nada le servirá acumular muchos derechos si carece de libertad política y de otras libertades fundamentales. Cuanto más se amplían los derechos, más regulación se necesita por parte del Estado, que inevitablemente aumentará su capacidad para controlar a los individuos. Es decir, que la extensión de los derechos obliga a que haya más controles sobre las conductas de los individuos. Se abre así el camino para que la administración jurídica de los derechos degenere en una burocracia tiránica y en una gestión antipolítica corrupta. Mientras que al individuo se le ofrece un festín de derechos –consumismo jurídico-, paralelamente se le priva de lo que verdaderamente le protege y le libera. Muchos individuos, henchidos de derechos, ignorantes de los efectos negativos que tiene para su vida, se contentan con liberarse de las sujeciones antaño consideradas coactivas –le basta con ser partícipe de la democracia sexual-, sin importarle que se le esté arrebatando aquello que más le protege y le identifica, como la familia y la propiedad.