El Gobierno, señala el PP en una nota, está comprometiendo gasto para toda una década, en un contexto "inédito" de falta de presupuesto durante la legislatura.
Aunque todavía están pendiente de formalizar nueve contratos de un total de 32, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, el Gobierno ya ha comprometido un gasto de 34.168 millones de euros, para los cuales ya ha acordado préstamos por importe de 14.283 millones, agrega la nota.
A juicio de los populares, este extremo hace todavía más urgente y necesario ejercer una profunda labor fiscalizadora que, por el momento, dicen, no se está facilitando por parte de los ministerios de Defensa y de Industria.
Con todos estos proyectos, indican, se está comprometiendo el papel estratégico de España en el ámbito de la defensa, por lo que la adjudicación de los contratos debería hacerse con "plena seguridad" de que se están encargando a empresas con capacidades instaladas reales y suficientes para el desarrollo de los mismos.
El PP subraya que estas adjudicaciones públicas se están llevando a cabo de manera directa y sin concurrencia competitiva, lo que hace "inexcusable" la máxima rendición de cuentas del Gobierno y la profunda fiscalización por parte del Congreso, lo que hasta el momento -afirman- no ha ocurrido.
Entre las medidas parlamentarias del Partido Popular, se exige la comparecencia de Robles para que explique los procesos de adjudicación de los 22 proyectos que se han adjudicado al grupo Escribano EM&M, y la del ministro de Industria, Jordi Hereu, para que hago lo propio sobre los criterios que se han aplicado para la concesión de préstamos directos por importe de 3.169 millones de euros a la UTE formada por Indra y EM&M.
Los populares también reclaman la comparecencia del presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, para que explique si ha detectado movimientos especulativos, así como el análisis del organismo ante la evolución del valor de la acción de Indra.