Según han indicado fuentes judiciales a EFE, el juez Eduardo Martínez Gamero únicamente ha impuesto al dirigente popular la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado, toda vez que le ha retirado el pasaporte, tal y como había solicitado el fiscal. Tan solo el abogado del PSOE, Javier Salvador, había reclamado su ingreso en prisión.
El magistrado ha adoptado la misma decisión e impuesto las mismas medidas a los otros cuatro detenidos el martes: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (ambos del PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.
La causa suma al menos una decena de supuestos implicados, entre detenidos e investigados. Entre estos últimos figuran una hermana y un hermano de Javier A. García, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.