Hasta el conocimiento pleno de la sentencia, la objetividad exige una respuesta de prudencia y contención. Los alfiles periodísticos de Pedro Sánchez y los tertulianos audiovisuales sanchistas se han lanzado a una frenética campaña contra el Tribunal Supremo. Creen que la sentencia afecta, sobre todo, no al fiscal general del Estado, sino al presidente del Gobierno que, en pleno juicio, le proclamó inocente.
Desde el punto de vista del rigor jurídico, y también de la estabilidad política, García Ortiz debió dimitir desde el primer momento. Publiqué tres artículos titulados Ni un minuto más, en distintas fases del procedimiento, los días 9 de junio, el 30 de julio y el 12 de septiembre de 2025. El problema no consistía ni consiste en la inocencia o la culpabilidad de García Ortiz. Se trataba de evitar la mancha que sobre la administración de la Justicia supone el juicio contra un fiscal general en ejercicio, García Ortiz decidió no dimitir y, para colmo, ha sido condenado por el Tribunal Supremo. Pero si interviene, no sé de qué forma, el Tribunal Constitucional y le considera inocente, nada cambiará. La independencia de la Justicia española exigía desde el primer momento la dimisión del fiscal general del Estado, evitando el espectáculo de verle sentado en el banquillo de los acusados.
Está claro, en fin, que el delito, ya no presunto, cometido por García Ortiz está envuelto hasta la náusea de politización. Desde mi punto de vista, y a la espera de leer el texto completo de la sentencia, el Tribunal Supremo ha estado impecable y ha demostrado por qué durante tres centurias se ha ganado consideración de máximo rigor y más alto prestigio. Confiemos en que sea capaz de soportar el tsunami sanchista ya desencadenado.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
GARCÍA ORTIZ, NI UN MINUTO MÁS (9 de junio de 2025)
La Justicia ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No voy a entrar en consideraciones jurídicas ni cuestionar la presunción de inocencia. Está claro que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, después de un riguroso procedimiento, ha encontrado indicios de delito y ha decidido procesar al fiscal general del Estado.
Ya era comprometido que, fuertemente cuestionado, el señor García Ortiz se mantuviera en el poder, pero está claro que tras la decisión del juez no puede continuar ni un minuto más. Me he negado a hacer leña a lo largo de los últimos meses de la situación del fiscal general, a la espera de la decisión del juez. Tal vez por eso me siento con autoridad robustecida para solicitar desde este diario digital El Imparcial la dimisión inmediata de un hombre que por razones de ética elemental no puede continuar en el ejercicio de las funciones que corresponden a la Fiscalía General del Estado.
Y sin anticipaciones ni manipulaciones. La presunción de inocencia acompaña al fiscal general en el complejo procedimiento que ahora se pone en marcha. Es necesario esperar a lo que el juez sentencie y después a los recursos que puedan producirse. Lo que no debe demorarse es que el señor García Ortiz se aparte del puesto que ahora desempeña.
Su dimisión robustecerá al Estado de Derecho y dejará claro ante la opinión pública que ningún ciudadano está por encima de la ley. La democracia pluralista plena de la que disfruta España quedará consolidada y robustecida con el apartamiento del fiscal general, y la opinión pública se sentirá satisfecha. Es de esperar que no se busquen añagazas y despropósitos para continuar una situación a todas luces insostenible desde el punto de vista ético, desde la exigencia democrática.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
NI UN MINUTO MÁS (30 de julio de 2025)
El pasado 9 de junio publiqué en esta misma sección de El Imparcial un artículo titulado García Ortiz, ni un minuto más, en el que hacía una consideración irreprochable: antes de sentarse en el banquillo, el fiscal general debía dimitir. En lugar de hacerlo, García Ortiz interpuso un recurso al que tenía derecho. Quedé a la expectativa, dispuesto, como he hecho a lo largo de toda mi larga vida profesional, a rectificar, pues ahí reside una de las grandezas del periodismo.
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha respaldado la posición del magistrado Ángel Hurtado y el fiscal general deberá sentarse en el banquillo de los acusados. No ya las exigencias democráticas, sino el más elemental decoro exige que el señor García Ortiz dimita de inmediato. Ningún ciudadano está por encima de la ley. Escribía yo hace un mes que “es de esperar que no se busquen añagazas y despropósitos para continuar una situación a todas luces insostenible”.
Resulta que el presidente del Gobierno ha anunciado que respalda al fiscal general del Estado y que éste no ha dimitido, abriendo la posibilidad insólita de que veamos sentado en el banquillo nada menos que a la máxima autoridad de la Fiscalía.
El decoro del Estado de Derecho exige la reflexión tanto del presidente del Gobierno como del fiscal general. El respeto a las instituciones democráticas quedaría seriamente vulnerado si se mantienen unas posiciones que ni la opinión pública española ni tampoco la internacional entenderían. La respetabilidad de la Fiscalía General del Estado no se puede arruinar desde el despropósito y el cinismo.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
CANELA FINA
NI UN MINUTO MÁS (12 de septiembre de 2025)
Pedro Sánchez ha tejido, con la colaboración de sus asesores más cercanos, un plan audaz. Pretende demostrar que, a pesar de todo, controla el poder judicial. Al fiscal general del Estado le ha ordenado, en tres ocasiones ya, que no dimita. Que resista, aunque el Tribunal Supremo le haya sometido a juicio oral, aunque le vaya a sentar en el banquillo de los acusados. Si los magistrados del Supremo le condenan, García Ortiz recurrirá entonces al Tribunal Constitucional y quedará absuelto. El que ría al final lo hará por duplicado. Y Pedro Sánchez dejará claro ante la opinión pública, ante los reticentes de su partido y ante la oposición parlamentaria que sus razones son de peso y que los jueces no pueden con él.
Un ilustre jurista, que me pide no lo cite, me ha dicho hoy por tercera vez: “Ni un minuto más. La decencia personal exige al fiscal general del Estado que dimita. No se puede, no se debe mantener cuestionada una institución clave en el ordenamiento jurídico español”. En dos ocasiones anteriores me repitió ese concluyente: “Ni un minuto más”. Publiqué yo sendos artículos con ese título y repito hoy la fórmula a pesar de que conozco el proyecto sanchista: aguantar los procedimientos judiciales y que el Tribunal Constitucional salve en última instancia la situación.
La verdad es que, con la ley de amnistía, la fórmula solo le ha ido bien a medias porque los sabios magistrados del Tribunal Supremo hicieron un último regate, dejando por el momento al prófugo golpista Carlos Puigdemont en el suntuoso Waterloo del que disfruta.
Práxedes Mateo Sagasta escribió: “Al Congreso se le pone todo muy difícil cuando algunos diputados se enfrentan con los jueces. El poder judicial tiene más fuerza que el poder legislativo”. No sé si aquel político liberal tenía razón. Las circunstancias son cambiantes y la vida política incierta. Lo que está claro es que, en estos momentos, se han desenvainado las espadas. Y si el Tribunal Constitucional abusa se puede encontrar con una querella de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. España es una democracia pluralista plena y conquistar el autoritarismo, como pretende Sánchez, tropezará, está tropezando ya, con himalayas muy difíciles de escalar.