El Congreso debatirá este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para el próximo año, que todo apunta a que será rechazada con los votos de PP, Vox y Junts.
Pese a los reiterados llamamientos de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que los grupos parlamentarios apoyen unos objetivos que dan mayor margen de gasto a las comunidades autónomas, PP y Junts se mantienen firmes en su oposición.
El previsible rechazo a la senda de estabilidad obligará al Gobierno a presentar otra vez los objetivos (pueden ser los mismos o unos nuevos) en el plazo de un mes, primero en Consejo de Ministros y después, en el Congreso.
En el caso de que esta segunda senda también sea rechazada, entrarán en vigor los objetivos que el Gobierno incluyó en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año, que prevé los mismos objetivos globales de déficit, pero una meta más estricta para las comunidades autónomas, que se verían obligadas a acometer ajustes.
Montero confía en cerrar este trámite, con la presentación y votación de las dos sendas, antes de que termine el año.
La senda de estabilidad que se somete a votación este jueves fija el límite de déficit público en el 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028, las mismas metas que recogía el plan fiscal estructural.
El objetivo para las regiones es un déficit del 0,1 % del PIB en todo el periodo, lo que les da un margen de gasto adicional -que Hacienda cifra en 5.485 millones de euros en los tres años- con respecto al equilibrio presupuestario que se les exigirá si la senda no resulta aprobada.
Los objetivos de déficit para el Estado son del 1,8 % del PIB en 2026, el 1,5 % del PIB en 2027 y el 1,4 % del PIB en 2028 y los de la Seguridad Social, del 0,2 % del PIB en 2026 y 2027 y el 0,1 % del PIB en 2028, mientras que las corporaciones locales tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario.
La senda de estabilidad establece que la deuda tendrá que bajar al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % del PIB en 2027 y el 99,1 % del PIB en 2028 y la regla de gasto -el límite de cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios- se sitúa en el 3,5 % para 2026, el 3,4 % para 2027 y el 3,2 % para 2028.
El Congreso también debatirá el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2026, que no se vota, que asciende a un récord de 212.026 millones de euros, un 8,5 % más -216.177 millones si se incluyen los fondos europeos, un 8,5 % más-.
Este fuerte aumento del techo -el tope de gasto que podrán incluir los futuros presupuestos- es compatible con la reducción del déficit, según Montero, debido a que el crecimiento económico incrementará la recaudación tributaria en un 8,5 % el próximo año sin necesidad de adoptar medidas adicionales.
El techo de gasto y la senda de estabilidad constituyen los parámetros básicos sobre los que se construirán las futuras cuentas, que la vicepresidenta ya ha avanzado que serán expansivas y reflejarán la "hoja de ruta" del Gobierno pese a la dificultad de sacarlas adelante por la falta de apoyos parlamentarios.