La Comisión Europea ha lanzado una nueva amonestación a España al constatar que, por segundo año consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido su obligación de remitir a Bruselas un plan presupuestario para el ejercicio siguiente. En el paquete de otoño del semestre europeo, el Ejecutivo comunitario confirma que ha tenido que basar su evaluación exclusivamente en sus propias previsiones porque no dispone de información remitida por Madrid. Bélgica y España eran los dos únicos países que no habían entregado el documento, pero cuando el Gobierno belga apruebe su plan plurianual, España quedará sola en ese incumplimiento.
Además, Bruselas alerta de que el mercado laboral y el riesgo de pobreza en España están en una “situación crítica”. La tasa de empleo se sitúa en el 71,4%, muy por debajo de la media europea del 75,8%, y la población en riesgo de pobreza o exclusión alcanza el 25,8%, con especial incidencia en la infancia (34,6%). Ambas cifras superan ampliamente los niveles comunitarios y llevan a la Comisión a advertir de “desafíos” serios en materia de protección social.
El informe comunitario también incluye una llamada de atención fiscal: España está al mismo nivel que Bulgaria y Hungría en “riesgo de incumplimiento”, al prever que el gasto neto de 2026 supere los límites pactados, si bien por debajo de los umbrales más graves. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se comprometió a limitar el crecimiento del gasto neto al 3,5% en 2026, pero los servicios comunitarios proyectan que se elevará al 3,8%, tres décimas por encima. Aunque la desviación es limitada —inferior al 0,3% anual y al 0,6% acumulado del PIB—, es suficiente para que la Comisión advierta de que España “estará en riesgo de incumplir” el techo máximo recomendado.
Aun así, Bruselas prevé que el déficit público siga mejorando: del 3,2% en 2024 al 2,5% este año, reduciéndose por debajo del límite del 3% del Pacto de Estabilidad. Esta caída se explica por la retirada de las ayudas energéticas, el menor impacto de las medidas por la dana de Valencia y una recaudación al alza tras la reforma fiscal aprobada en 2024, que introdujo cambios en Sociedades, nuevos gravámenes a cigarrillos electrónicos y un aumento del tipo a las rentas financieras. Para 2026, el déficit bajaría al 2,1% gracias al impuesto mínimo global a multinacionales, y se estabilizaría en ese nivel en 2027 pese al mayor gasto en pensiones y defensa. La deuda pública, por su parte, descenderá al 98,2% del PIB en 2026 y al 97,1% en 2027, cayendo por primera vez por debajo del 100% desde 2019.
La AIReF ha confirmado estas tensiones sobre el gasto: estima que en 2024 creció un 4,3% y en 2025 lo hará un 4,6%, por encima del 3,7% comprometido aunque dentro de los límites de control europeos. En 2026, prevé un crecimiento del 4,6%, que superaría el límite anual en unos 1.200 millones, aunque no el acumulado. La autoridad fiscal concluye que no serán necesarios ajustes adicionales en 2025, pero que en 2026 se excederá por un pequeño margen la regla anual.
En paralelo a estas advertencias europeas, el Gobierno ha admitido este martes que la senda de estabilidad 2026-2028 —paso imprescindible para iniciar los Presupuestos Generales del Estado de 2026— podría no salir adelante en el Congreso. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguró tras el Consejo de Ministros que seguirán “dialogando hasta el último momento”, aunque asumió públicamente que diversos grupos ya han adelantado su rechazo.
El PP y Vox se mantienen en contra de los objetivos de estabilidad del Gobierno, mientras que Junts ha avisado de que votará “no” si el planteamiento para las autonomías repite el del año pasado. A ellos se suman Podemos y el sector mayoritario de Compromís, que tampoco apoyarán la propuesta este jueves.
Lo que está en juego, subrayó Alegría, son casi 5.500 millones de euros en margen de gasto para las comunidades autónomas. La portavoz reprochó al PP que reclame más financiación en los territorios que gobierna mientras se opone a una senda que permitiría, según detalló, 1.088 millones adicionales para Madrid, 731 para Andalucía o 169 para Aragón.
Si la senda de estabilidad cae, el Gobierno la volverá a presentar. En caso de un segundo rechazo, los objetivos quedarían fijados automáticamente según el plan fiscal estructural enviado a Bruselas en 2024. Este escenario implicaría una mayor restricción para las comunidades: déficit cero en 2026 y un ajuste de 1.755 millones ese año, hasta acumular 5.485 millones menos de capacidad de gasto en todo el periodo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé que, si es necesaria, la segunda votación se celebre en diciembre. El Ejecutivo mantiene su intención de presentar los Presupuestos de 2026 a principios o mediados del primer trimestre para que puedan estar aprobados en abril o mayo.