Analistas muy sagaces dieron tres meses a Pedro Sánchez antes de que se descompusiera el Gobierno que formó tras las elecciones de 2023. Parecía imposible la estabilidad con la coalición de Sumar y sus quince partidos, entre ellos Podemos, Izquierda Unida y el PC, amén de socios parlamentarios insólitos como la extrema izquierda de ERC, los herederos de ETA en Bildu, y dos agrupaciones de centro derecha, Junts y PNV. Pedro Sánchez, sin embargo, tuvo la extraordinaria habilidad de negociar con todos de forma incansable, y ha aguantado los dos primeros años de la legislatura. Pero agobiantes casos de corrupción, junto a la escisión de Podemos y Junts han conducido al Gobierno a una situación límite.
Está claro que las concesiones de todo tipo en las que se ha basado el sanchismo para perdurar ya no funcionan. Tal vez se acabó lo que se daba. La situación exige elecciones generales y que el pueblo decida. El resultado electoral no es tan negativo para Sánchez como subrayan las encuestas independientes. La prolongación del censo con cientos de miles de inmigrantes nacionalizados, así como hijos y nietos de los republicanos que se instalaron en el exilio en 1939, diluyen las cifras. Aparte las maniobras tipo Leire que se puedan hacer en Correos. Conviene no olvidar que Pedro Sánchez ha ocupado todas las instituciones que inciden en el control electoral desde Indra a TVE.
Aún así, la impresión general en Moncloa es que el presidente se esforzará por permanecer en el poder porque entre otras cosas aspira a prolongar aún más el censo con nuevas nacionalizaciones. Sin embargo, en los primeros meses del invierno se le puede complicar la situación todavía más y tal vez no le quede otro remedio que convocar a las urnas a un pueblo español atónico ante la corrupción galopante y las insólitas alianzas.