José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, ha arremetido duramente contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien acusa de "despreciarlo" y tratarlo como un "diputado de segunda". Según publica El Mundo, Ábalos considera que la presidenta está vulnerando el artículo 14.1 del Reglamento de la Cámara Baja, que obliga a advertir a la autoridad judicial de la necesidad de remitir todos los autos y resoluciones que afecten personalmente a un diputado.
El ex ministro asegura que esta obligación no se está cumpliendo, ya que el juez Leopoldo Puente no ha enviado al Congreso todos los autos dictados en el procedimiento, y Armengol —sostiene— no ha exigido su traslado. "Me desprecia a mí, desprecia al Tribunal Supremo y desprecia al Congreso", afirmó Ábalos a El Mundo, horas antes de ingresar en prisión.
Ábalos ha remitido un escrito a la Mesa del Congreso en el que reprocha a la presidenta que no esté defendiendo los derechos de la Cámara ni el principio de inmunidad parlamentaria, que —según recuerda— protege no sólo al diputado afectado, sino a la integridad del propio poder legislativo frente a interferencias judiciales o externas.
"La inmunidad parlamentaria asegura la independencia del órgano legislativo y no es un privilegio personal", sostiene el diputado, que acusa a Armengol de no exigir al Supremo el envío de todos los autos, incluidos aquellos que no afectan directamente a su situación de libertad, lo que a su juicio supone un incumplimiento del Reglamento y podría derivar en prevaricación.
"Ella tiene que defender al Congreso frente al Supremo y no lo está haciendo. No hay colaboración entre los poderes", lamentó. Ábalos afirma que el suplicatorio aprobado para investigarlo “no era para perseguir delitos concretos, sino para investigar hechos”, de modo que todas las resoluciones tendrían que remitirse a la Cámara.
La ofensiva del ex ministro se produce en un contexto especialmente delicado para la presidenta del Congreso, cuyo pasado al frente del Gobierno balear sigue bajo escrutinio. El Ejecutivo que dirigía Armengol pagó 3,7 millones de euros a la trama vinculada a Koldo García durante la pandemia a pesar de que los técnicos habían advertido de que el material sanitario suministrado era de mala calidad e inservible.
La Guardia Civil concluyó que el proceso de adjudicación fue ilegal, predeterminado para beneficiar a Soluciones de Gestión, empresa apadrinada por el ex asesor de Ábalos y asociada al empresario Víctor de Aldama. La contratación fue verbal y el expediente administrativo se formalizó después, sin permitir concurrencia de otras empresas.
Aunque el material fue inmediatamente descartado por defectuoso, el Gobierno balear solicitó que se financiara con fondos europeos, para lo cual falseó un formulario en el que afirmaba que las mascarillas eran aptas. Además, dos meses más tarde, la Conselleria de Sanidad expidió un certificado de idoneidad a la misma empresa para que concurriera a licitaciones en otras comunidades.
Pese a la versión pública de Armengol, que se declaró “víctima” de la trama, la UCO interceptó mensajes que contradicen ese relato. La entonces presidenta balear facilitó a Koldo García el teléfono de su consejera de Sanidad para que gestionara la contratación con las empresas intermediadas por él. "Vale cariño, te mantengo informada de todo", respondió Koldo en uno de los mensajes intervenidos.
Las acusaciones de Ábalos añaden presión a un Congreso ya tensionado por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE y por la creciente desconfianza entre los poderes del Estado. Su denuncia formal y su ataque frontal a Armengol abre un nuevo frente político que amenaza con profundizar la crisis institucional y complicar aún más la relación entre la Cámara Baja y el Poder Judicial.