El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha reclamado los datos de todos los cobros en metálico con independencia de quien fuera el destinatario, lo que incluye a "todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios” que los percibieran.
Rechaza así laspretensiones del PSOE de limitar la información que debe entregar sobre los pagos en metálico reintegrados entre 2017 y 2024 a los investigados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció haber cobrado dinero en efectivo por sus cargos en el PSOE "en alguna ocasión", algo que ha inscrito dentro de la normalidad, ya que se trataba de "liquidaciones de gasto", una práctica, ha dicho, normal en las empresas.
El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que le requirió el pasado 26 de noviembre eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría "graves derivaciones".
Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha contestado que no procede aclaración alguna, pues su providencia ya es lo suficientemente clara.
Y subraya que el PSOE debe presentar la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".
Esta documentación se incorporará a la pieza separada de la causa donde investiga si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.
Para el juez, la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes, dado que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.
El PSOE trasladó las "graves derivaciones" jurídicas, procesales, personales y de protección de datos que supondría aportar a la causa "todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el período cuestionado" y que incluirían "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios".
Sin embargo, la Fiscalía, cuyo criterio ha seguido el magistrado, también vio "suficientemente clara" la petición del juez. Es más, dijo que no contenía "concepto oscuro" y que no se podía limitar únicamente a los pagos a investigados, sobre todo porque la información relativa a éstos ya fue facilitada al Tribunal Supremo, que es quien investiga a Ábalos por ser aforado en su condición de diputado.
El fiscal, que instó a requerir estos pagos, cree que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".
Porque, como el juez, sostiene que "no ha quedado" suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".
Esta parte de la causa deriva de las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.
Tras oír como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente resaltó las "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos, el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE disponía en su sede para hacerles frente, o las razones que aconsejaban hacer las compensaciones económicas en efectivo ni la forma en la que se hacían.