En el debate con sus homólogos sobre el reglamento de "tercer país seguro" (permite a los países rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona solicitante podía haber solicitado protección internacional en un tercer Estados), explicó que esa normativa "rompe con la integridad del pacto", al "modificar un elemento que fue crucial sobre el mismo, antes de que el pacto empiece a andar". Indicó que a España le plantea "serias dudas jurídicas", ya que se prevé la posibilidad de celebrar acuerdos jurídicos no vinculantes con terceros países, lo que "genera interrogantes sobre la garantía de una protección efectiva en dichos países, los mecanismos que aseguren que las solicitudes se tramitan adecuadamente y el respeto a los derechos y obligaciones de los solicitantes", dijo.
Además, esa normativa "condiciona potencialmente nuestras relaciones bilaterales", ya que España considera "esencial" que los Estados miembros vecinos de los países terceros "sean debidamente informados y consultados" sobre esos acuerdos, ya que, de no ser así, "existe el riesgo de crear impacto en los Estados miembros", además de en los flujos migratorios y en las relaciones bilaterales.
Consideró también que la referencia actual a las fronteras comunes "excluye a muchos de los vecinos de España en la ruta Mediterránea y Atlántica" y que en el plano operativo el país duda de la eficacia de esa normativa. Además, el hecho de que la normativa establezca que el criterio de conexión con el país al que se retorna al migrante "sea optativo" plantea dudas sobre la sostenibilidad y rentabilidad del mecanismo, dijo el ministro español, ya que "si no hay vínculo, no vemos incentivos para que un solicitante no trate de regresar" cuando sus perspectivas en el otro país son escasas.
Por otra parte, criticó que se deje a los Estados miembros libertad para elegir si aplican o no el criterio de conexión, "lejos de crear un sistema común, generará diferencias". En cuanto al Reglamento de Retorno, el ministro dijo a su llegada que España se opone a que el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno sea voluntario y "no obligatorio", manteniendo el sistema vigente, ya que "no avanzamos nada". Los países tienen previsto llegar a un acuerdo también este lunes sobre este dossier. Por último, sobre el "paquete de solidaridad" con los países sometidos a más presión migratoria, el ministro adelantó a su llegada que España se abstendrá este lunes en la votación del Consejo.
Los países de la Unión Europea acordaron apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones. El Consejo (países de la UE) precisó en un comunicado que esa ayuda tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración "empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026", cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio. "El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, lamentó el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante el Consejo en el que se tomó la decisión, que opinó que se deben "identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma". El Consejo ha alcanzado un acuerdo político sobre el llamado "contingente anual de solidaridad", un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo. En particular, está previsto para aliviar la carga de los países a los que llegan la mayoría de los migrantes, España entre ellos, y reducir a largo plazo la presión migratoria en todos los Estados miembros.
Por otro lado, los países de la UE llegaron a un acuerdo este lunes sobre dos propuestas legislativas relativas a los "países seguros" dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario. Por un lado, acordaron un nuevo reglamento que revisa el concepto de tercer país seguro para ampliar las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible. En particular, no exige de manera obligatoria que exista una "conexión" con el país para poder devolver a un migrante. Por otro, dieron luz verde a la primera lista de países de origen considerados "seguros", que además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como en principio también a los países candidatos a la adhesión.
El acuerdo logrado sobre ambas propuestas supone la posición del Consejo con vistas a la futura negociación con el Parlamento Europeo. "Estas nuevas leyes de migración de la UE tienen como objetivo establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección dentro de la UE", dijo el Consejo (países de la UE) tras la votación. Por su parte, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, indicó que estas medidas "ayudarán a procesar las solicitudes de manera más efectiva y reducirán presión sobre los sistemas de asilo". España votó en contra de la normativa sobre el concepto de tercer país seguro, al igual que Francia y Portugal.