Así consta en el escrito remitido este miércoles por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso, difundido por el PP, que ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "evita aparecer por el Congreso de los Diputados el día después de la dimisión de un presidente de Diputación socialista por acoso sexual y horas después de la detención de dos alfiles del PSOE y del Gobierno de España". A juicio del PP, "ni una persona inocente borra pruebas que le exculpen, ni un presidente sin miedo a las preguntas evita ofrecer respuestas a los medios de comunicación".
"El Tribunal Supremo confirma el juicio a SU número dos. Detienen a SU fontanera y al expresidente de la SEPI, estrecho colaborador de SU vicepresidenta. La UCM admite presiones para crear a dedo la cátedra de SU mujer. Un nuevo caso de acoso sexual en SU partido. Así no se puede seguir, @sanchezcastejon", ha reaccionado en X el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"El partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete. El día en que ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual, han sido detenidos por fraude en contratos públicos la fontanera de la cloaca, Leire Díez, y quien fue mano derecha de Montero y empleado en la empresa de Cerdán. Las cárceles de España van a empezar a quedarse pequeñas. No hay hueco para tanto delincuente de la mafia sanchista", ha dicho el secretario general del PP, Miguel Tellado.
"Hoy han detenido al expresidente de la SEPI, mano derecha de María Jesús Montero, y a la fontanera Leire Díez. Con este ritmo de escándalos, en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas. Y a este ritmo de detenciones, probablemente, las cárceles se queden pequeñas", ha opinado por su parte Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.
La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid por orden de la Audiencia Nacional a la exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida como la 'fontanera de Ferraz', así como al expresidente de la Sociedad Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, estrecho colaborador de la vicepresidenta primera María Jesús Montero -ministra de Hacienda, líder de los socialistas andaluces y número dos del PSOE-, según han indicado EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha.
Díez está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras de chantaje contra la Fiscalía o altos mandos de la UCO en la Guardia Civil con los que supuestamente pretendía malbaratar investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.
Por su parte, Vicente Fernández, trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI (conglomerado estatal español que gestiona participaciones en empresas estratégicas como Correos, Navantia, RTVE o EFE, al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que ha sido absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.
Por otro lado, los escándalos por denuncias sexuales que salpican al PSOE no dejan de crecer en los últimos días. Hoy mismo el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha anunciado su dimisión tras conocerse la existencia de denuncias de acoso sexual contra él, aunque ha rechazado dejar la alcaldía de Monforte.
Seis denunciantes alertaron de tocamientos sin consentimiento y propuestas de empleo a cambio de favores sexuales. Las denuncias habrían sido vehiculadas a través del canal interno del partido contra prácticas abusivas. A estos hechos denunciados se sumarían mensajes subidos de tono y llamadas telefónicas "obscenas".
El caso de Tomé se suma al de Paco Salazar, exasesor del Gobierno y antiguo colaborador cercano Pedro Sánchez. Varias mujeres utilizaron el canal interno del PSOE para denunciarlo por presuntos casos de acoso sexual y laboral. Las denuncias se registraron hace meses, pero según las afectadas —y tras saltar el escándalo a los medios— algunos de esos avisos habrían sido borrados, lo que alimenta acusaciones de negligencia o encubrimiento.
A todo ello hay que añadir otro hecho relevante que también ha tenido lugar este miércoles y también afecta al PSOE: el procesamiento por organización criminal, cohecho o malversación del exministro y exnúmero dos de Sánchez, José Luis Ábalos.
La Mesa del Congreso ha aprobado este miércoles la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios, que -inexplicablemente- seguía ostentando. Fuentes de la cámara han informado de que la suspensión se produce en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso y conlleva la pérdida de sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo. En concreto, Ábalos no recibirá las percepciones económicas propias de la condición del diputado y se procede a darle de baja en la cobertura de protección social con cargo al presupuesto de la cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.
El Tribunal Supremo ha avalado los indicios por los que el juez Leopoldo Puente propuso sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas en el que será el primer juicio del caso Koldo.
La Sala de Apelación ha confirmado el procesamiento de Ábalos, en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, de su ex asesor Koldo García y del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.
Los magistrados ven "suficientemente justificada" la perpetración de los hechos que se les imputan y aluden al "robusto arsenal indiciario" recopilado en su contra, sin que las diligencias propuestas en los recursos "desmoronen" las razones expuestas por el juez en su procesamiento, "ni en la más optimista de las previsiones".
La Fiscalía pide 24 años de cárcel al exministro, 19 y medio a su exasesor y 7 a Aldama por esta parte del caso, en la que sospecha que se concertaron para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por este último, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.