La Comisión Europea ha decidido dar marcha atrás en la prohibición total de los coches de combustión a partir de 2035 y permitirá que sigan vendiéndose vehículos de gasolina y diésel más allá de esa fecha. El Ejecutivo comunitario ha propuesto rebajar del 100% al 90% el objetivo de reducción de emisiones en el tubo de escape para ese año, una decisión que ignora la petición expresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y supone un giro relevante en la transición verde impulsada en los últimos años.
La medida implica que el 10% restante de las emisiones podrá compensarse mediante un nuevo sistema de créditos, basado en el uso de combustibles renovables sostenibles o de acero bajo en carbono fabricado en la Unión Europea. En la práctica, esto permitirá que híbridos, híbridos enchufables y vehículos de combustión interna sigan formando parte del mercado europeo después de 2035, aunque de forma limitada y siempre que sus emisiones sean compensadas.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha explicado que la reducción del 90% se alcanzará principalmente a través de vehículos de cero emisiones, mientras que las tecnologías restantes deberán ajustarse a las nuevas condiciones de compensación. Bruselas subraya que estas flexibilidades no serán obligatorias y que los fabricantes tendrán libertad para decidir si optan exclusivamente por vehículos eléctricos o mantienen una presencia residual de otras tecnologías.
La decisión supone un claro revés para el Gobierno español. Pedro Sánchez había reclamado por carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se mantuviera intacto el veto a los motores de combustión, argumentando que el mercado ya identifica a los vehículos electrificados como la opción más eficiente y competitiva. En su misiva, el presidente advertía de que cualquier relajación del objetivo pondría en riesgo inversiones clave y podría afectar a la competitividad futura de la industria automovilística europea, incrementando el riesgo de cierres y pérdidas de empleo.
Sin embargo, Von der Leyen ha optado por alinearse con un bloque mayoritario de países encabezado por Alemania e Italia —a los que se suma Polonia—, así como con las demandas del Partido Popular Europeo y de la propia industria del automóvil. El sector atraviesa una situación crítica y sostiene que la prohibición total del motor de combustión en 2035 es inviable debido al lento despliegue del coche eléctrico y a la insuficiencia de infraestructuras de recarga.
El presidente del PPE, Manfred Weber, ya había anticipado esta revisión legislativa y ha celebrado la fijación del objetivo del 90%, que a su juicio permite que “todos los motores puedan seguir produciéndose y vendiéndose en el mercado europeo después de 2035”. En contraste, organizaciones ecologistas como Greenpeace han pedido a la Comisión que mantenga la prohibición total prevista inicialmente.
La reforma todavía deberá ser aprobada por el Consejo de la UE y por el Parlamento Europeo, donde el dominio del PPE garantiza una tramitación favorable. En el Consejo, España apenas cuenta con el apoyo de Francia para tratar de frenar el cambio normativo.
En paralelo, Bruselas ha aprobado un paquete de simplificación legislativa para la industria del automóvil, conocido como Ómnibus Automotriz, con el objetivo de reducir cargas administrativas y costes, lo que supondrá un ahorro estimado de 706 millones de euros anuales para los fabricantes. El plan incluye además incentivos para el desarrollo de coches eléctricos pequeños y asequibles —de entre 15.000 y 20.000 euros—, una nueva categoría de superbonos para modelos fabricados en la UE y una movilización de 1.800 millones de euros para apoyar la industria europea de baterías.
“La industria automovilística europea es un pilar de nuestra economía, aporta el 7% del PIB de la UE y sostiene cerca de 14 millones de empleos”, ha subrayado el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, quien ha defendido que la nueva estrategia refuerza la competitividad del sector al tiempo que mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad climática.