El PP en el Parlamento Europeo ha preguntado a la Comisión Europea si la baliza V16, obligatoria en todos los vehículos en España desde este 1 de enero, puede vulnerar la protección de datos y la libre competencia, o quebrar la homogeneidad en el mercado interior europeo.
Según los cálculos de los populares el nuevo sistema de balizas supondrá una recaudación extra para Sánchez de 300 millones por el IVA. "30 millones de conductores pagarán el nuevo tasazo encubierto de las balizas de Sánchez. No es una imposición de la UE. Es otro ataque al bolsillo de los españoles. Para el Gobierno, la recaudación es más importante que la seguridad. Lo hemos denunciado. Europa le retratará", ha dicho la eurodiputada, Dolors Montserrat, encargada de formular tres preguntas en Bruselas.
De hecho, en Génova comparan el nuevo sistema de balizas con el tasazo de basuras: "Sánchez dijo a todos los españoles que es una obligatoriedad europea y era mentira", afrman.
La diputada del Grupo Popular español en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha formulado tres preguntas con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea sobre este asunto.
En primer lugar, señala que la baliza V16 conectada "transmite su ubicación cuando se activa y utiliza un identificador técnico asociado al dispositivo".
Aunque la DGT afirma "que los datos transmitidos son anónimos y que no permiten identificar al conductor o al vehículo", el PP señala que "la existencia de un identificador único y el envío de coordenadas geográficas podrían, en determinadas circunstancias", vulnerar la protección de datos recogida en los reglamentos europeos.
Montserrat plantea luego la posibilidad de que existan conflictos de interés y transparencia en la comercialización obligatoria de balizas V16, debido a "la participación de Correos y de su exdirectiva Leire Díez, ahora detenida en el marco de un caso de corrupción" en el asunto.
A ello añade que los precios de los dispositivos ofrecidos por Correos son significativamente superiores a otros productos equivalentes disponibles en el mercado.
Así, pregunta: "¿Va a evaluar la Comisión si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario?"
Finalmente, una tercera pregunta se refiere a las consecuencias sobre el mercado interior de la obligatoriedad de la baliza V16 como único dispositivo. "Esta obligación implica requisitos técnicos específicos, conectividad y homologación vinculada una infraestructura nacional", señala antes de cuestionar si España ha notificado correctamente estos requisitos técnicos y si la imposición de un único modelo nacional podría limitar la comercialización de dispositivos alternativos.