Acaba de ver la luz el libro titulado Sobre el imperio de la ley, a cargo de Javier Cremades, abogado y académico reconocido internacionalmente, a quien tuve el honor de conocer cuando ya ostentaba el cargo de presidente de la World Jurist Association (WJA, la asociación internacional de juristas más antigua del mundo) y de Cremades & Calvo-Sotelo (firma de abogados que opera en numerosos países del continente europeo y americano), en calidad de padre fundador.
Cuando uno tiene el libro en sus manos reconoce de forma inmediata su valor, no solo por el imponente tema que ya anticipa su propio título sino también por la cuidada edición realizada por Galaxia Gutenberg. Esta obra invita a la lectura a expertos en la materia, pero también al público en general, esto es, a quien quiera adentrarse en un asunto tan complejo como esencial para llegar a entender el funcionamiento y las propias entrañas del Estado de derecho. De hecho, como ha hecho notar, Moisés Naím (miembro distinguido del Fondo Carnegie para la Paz Internacional), el texto tiene la virtud de facilitar que las prácticas democráticas puedan ser defendidas por cualquier ciudadano/a, gozando así de un valor pedagógico fundamental, al no ir dirigido su contenido exclusivamente a expertos del ámbito académico, abogados, políticos o científicos sociales.
El libro se abre con justificados elogios a la obra, que han sido redactados por destacados juristas de prestigio internacional, entre otros, Luca Mezzetti (catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Bolonia), Kerry Kennedy (presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights) o Stephen Breyer (magistrado del Tribunal Supremo norteamericano desde 1994 hasta 2022), quien además se ha encargado de elaborar un rico prólogo en el que deja patente cómo este libro nos previene, a modo de antídoto, frente a los abusos que deriven del poder del Estado o de cualquiera que ostente la fuerza al margen de la ley.
Desde mi punto de vista, esta obra alimenta con sólidos argumentos las conciencias individuales, al haber sabido condensar el potente mensaje de que desde el derecho y la ley podemos ser capaces de protegernos frente a los excesos del poder que nos impidan convivir dentro de un marco libre e igual en derechos que reconoce a los seres humanos en su dignidad natural e inviolable.
El libro se estructura en veinte capítulos, que aparecen repartidos en más de cuatrocientas páginas, las cuales terminan con un brillante epílogo, a cargo de Stephan Harbarth (presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania desde 2020). Aunque los asuntos que se abordan son muy variados y aparecen salpicados de ejemplos extraídos de la reciente actualidad político-social, Cremades se detiene en el examen de cuestiones profundas, sin perder en ningún momento el hilo o desviarse del eje central de la obra -la defensa del Estado de derecho-, con una pluma contundente al mismo tiempo que ligera y amena, lo que facilita enormemente la lectura.
La obra comienza con una pregunta decisiva que marca la narrativa desde el principio: qué es y para qué sirve el imperio de la ley. Ello, a mi modo de ver, lo hace el autor al ser plenamente consciente de que “la lucha contra el abuso de poder es constante y dramática”, lo que revela, por desgracia, nuestra historia a lo largo de los siglos.
Sobra decir que, como ya resaltara Elías Díaz, no todo Estado con derecho puede considerarse Estado de Derecho. Este último es el que reconoce al ser humano como un ser de fines, al estilo kantiano, que no puede ser instrumentalizado al antojo de los poderes fácticos de turno. Pero, además, requiere de varios requisitos formales o procedimentales a los que se debe en esencia, los cuales también son analizados en esta obra: el principio de supremacía constitucional que coloca a la Constitución en el punto más alto de la pirámide normativa, como ya defendiera Kelsen en el siglo XX; el reconocimiento de los derechos fundamentales que solo son eficaces desde la efectiva tutela judicial; el principio de legalidad que se expande hasta el punto de someter a la ley tanto a los poderes políticos como a la Administración pública; el control judicial de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa; por último, y no menos importante, la independencia de los órganos del poder judicial que han de estar sometidos única y exclusivamente al imperio de la ley.
Me han resultado de especial interés las páginas que, precisamente, se dedican a la independencia del poder judicial, examinada, desde el punto de vista externo, esto es, respecto al resto de poderes del Estado, pero también interno, en lo que se refiere a la relación que pueda tener aquel con otros órganos del propio poder judicial (pp. 116 y ss.). El autor acierta al poner el foco en el principio de independencia judicial en relación con el de imparcialidad que “se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y sus intereses respectivos en relación con el objeto del mismo” (p. 117).
También considero sumamente valioso el examen que se lleva a cabo sobre la tarea interpretativa que realiza el juez, a sabiendas de que hay que saber deslindar con nitidez la argumentación jurídica de la propiamente política, sin dejar de proteger “a los controladores de los controlados” (p. 121), puesto que los jueces deben obligar a los otros poderes del Estados a que ejerzan siempre sus funciones conforme a la ley.
Si el presidente de la World Jurist Association se detiene en el examen de los diversos elementos esenciales del Estado de derecho es porque de este modo se pueden abordar las amenazas constantes que tratan de conculcarlo, pero, eso sí, proponiendo soluciones sobre los medios más eficaces para su restablecimiento.
Una de esas amenazas es la desconstitucionalización, esto es, el proceso en virtud del cual se falsean las reglas de nuestra convivencia social en libertad e igualdad como individuos, lo que se puede lograr de diversas maneras e incluso a través de modos muy sutiles, apenas imperceptibles para el ciudadano. Pensemos en el firme intento de degradar el poder judicial, haciendo creer a la sociedad que es un mal poder, llegándose incluso a hablar de Lawfare, o, por poner otro ejemplo, el fenómeno de la corrupción que constituye también una severa amenaza para el Estado de derecho, al ponerse con ella en riesgo el respeto a los derechos humanos y generar desconfianza hacia las instituciones, inestabilidad política, malestar social, lo que podría terminar desembocando en graves conflictos e incluso guerras.
Si el Estado de derecho es un proceso en construcción en favor del gobierno de las leyes y no de los hombres, tal y como afirma, con contundencia, Javier Cremades, entonces resulta imprescindible el compromiso de todos los ciudadanos/as para que estemos alerta y el rumbo no se cambie en un sentido equivocado que termine redirigiendo el poder para concentrarlo en regímenes despóticos.
Debemos saber que el enemigo se introduce muy lentamente través de un proceso medido de desinstitucionalización y ello nos obliga a dar mucho más valor del que tiene a la educación y a la concienciación sobre el Estado de derecho y los pilares que lo sostienen, dando así protagonismo a los ciudadanos/as mediante su participación comprometida en el espacio público. Por ello, se insiste en el libro en que el pueblo soberano debe tener suficiente formación e información para gobernar la cosa pública en un mundo que ha de estar gobernado por las leyes y no por la fuerza ilegítima de las armas.
De ahí también deduce Cremades que una de las grandes amenazas para el Estado de derecho es la desinformación, es decir, la dificultad para conocer la veracidad de los hechos a enjuiciar dentro de un marco complejo en el que se detecta un aumento de la polarización y una permanente falta de diálogo social y, lo que es peor, en mi opinión, de reflexión crítica. En esta época de desinformación digital, insiste el autor, “el único camino que podemos recorrer en pos de la verdad es el de la educación, para que los ciudadanos responsables sean capaces de rechazar la manipulación y fomentar lo que consideren la verdad con el fin de poder gobernar, entre todos, nuestras sociedades democráticas” (p. 141).
Es cierto que no hay Estado de derecho perfecto, pero ello no impide que se reflexione críticamente sobre sus aspectos más vulnerables. Una buena herramienta en términos pedagógicos creo que es servirse del método socrático de casos que, con audacia, saca el autor de nuestra historia más reciente en aras de ejemplificar sus postulados: el independentismo de Cataluña, el asalto al Capitolio, el Brexit, la reforma del Tribunal Supremo israelí, la guerra en Ucrania, etc.
También hay unas páginas del máximo interés sobre Venezuela que recomiendo vivamente al lector, teniendo en cuenta los acontecimientos sucedidos en el país en los últimos días, desde la detención de Nicolás Maduro por Trump. Este capítulo nos permite conocer con nitidez cómo fue el plan urdido por Hugo Chávez y sus aliados para hacerse con el poder absoluto en una operación diseñada para hacer jaque mate a la Constitución y a la democracia venezolana. Aquí se ve con claridad cómo de una manera muy hábil se puede pasar del imperio de la ley al de la fuerza desnuda que ejerce el más fuerte en la sociedad al modo hobessiano.
Somos todos los ciudadanos/as los encargados de que perviva el Estado de derecho con todas sus garantías. Es por ello por lo que no cabe que miremos para otro lado, eludiendo el surgimiento de nuevas amenazas que puedan hacer tambalear a nuestra democracia y Estado de derecho en España y en el resto del mundo. A mi modo de ver, nadie puede asumir el rol de figurante cuando se actúa en el escenario del Estado de derecho. Como, con acierto, precisa Cremades: “Así como los muros no bastan sin ciudadanos dispuestos a defenderlos, tampoco basta el derecho sin una comunidad cívica que lo reconozca como expresión de justicia. Recordar a Tucídides es, entonces, recordar que la ley no se conserva por sí misma, sino por hombres y mujeres que comprenden que su obediencia no es sumisión, sino afirmación de una libertad compartida” (p. 105).
Pues bien, son algunos de los hombres y mujeres que han contribuido a la defensa del Estado de derecho a los que se rinde homenaje en el final de la obra, concretamente, en el capítulo 19. Son unas páginas de agradecimiento sincero y sentido hacia Earl Warren, Charles Rhyne, Winston Churchill, René Cassin, Nelson Mandela, Felipe VI, Ruth Bader Ginsburg, Rosalie Silberman Abella, Sujata Manohar y Rainer Arnold, entre otros muchos, aunque la lista podría hacerse interminable. Ello deja al lector reconfortado con estas líneas en las que se respira optimismo a través de un mensaje claramente esperanzador. En especial, el reconocimiento a mujeres como Christine Lagarde nos congratula a las mujeres que valoramos los ingentes esfuerzos que se realizan a diario por derribar techos de cristal que bloquean los ascensos para la mayoría de las mujeres a la hora de llevar adelante el desarrollo o actividad profesional.
Puedo dar fe de que personas tan ilustres como el que fuera Jean Monnet Chair ad personam, el insigne profesor alemán Rainer Arnold -fallecido en enero de 2025- dieron generosamente su vida intelectual y personal por defender que la dignidad es un valor inalienable que pertenece por igual a todo el género humano y que se encuentra estrechamente vinculado al de la libertad individual y política.
Cuando uno termina la lectura de esta obra entiende perfectamente por qué su título “Sobre el imperio de la ley” aparece en letras doradas y es que queda patente que las diversas dimensiones de la libertad no pueden existir sin el Estado de derecho.