El espíritu progresista antiespañol hace tiempo que puesto en marcha un tipo de antipolítica para demoler el edificio unitario del Estado. Su principal medio, el Gobierno, defensor de la soberanía de Venezuela, se ha marcado como objetivo trocear la Soberanía Nacional para que el globalismo lo encauce hacia una abstracta y falsa patria universal, mera elucubración del moralismo humanitario. Durante el proceso está intentando destruir la conciencia nacional de la población y desprender al individuo de toda raíz histórica. Para acabar con la Nación y el Estado, el Gobierno comunista de P. Sánchez cuenta con el apoyo de parte de la oligarquía política, de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras y de los poderes de otros Estados. Su propósito es aligerar la venta a las potencias extranjeras de lo más sustancial de la riqueza nacional.
Siguiendo la agenda globalista, entre los objetivos del Gobierno y de los partidos que comparten su doctrinarismo, está la voluntad de reducir a la mínima expresión las pequeñas y medianas propiedades del sector primario, que serán sustituidas por grandes compañías que pondrán en marcha a gran escala los cultivos transgénicos –¿un nuevo latifundismo supranacional? -, así como convertir en mercancías la riqueza cultural histórica y artística de España y venderlas a quien más dinero contribuya al aumento del capital de los gestores vendedores. Quiere decirse que tierras, inmuebles, tesoros artísticos, derechos, etc. del territorio nacional hace tiempo que, directa o indirectamente, han sido puestos a la venta. De esta manera los dirigentes podrán transferir el territorio y sus gentes a las grandes corporaciones, empresas, incluso países. ¿Será que el nuevo comercio de seres humanos, junto a la formación de narcodictaduras, es el fin del progresismo?
Una parte de la expoliación de las rentas, ahorros y capitales de los ciudadanos hace tiempo que se está pasando a quienes nada han hecho para disfrutar deun usufructo indefinido o apropiarse de ellos. Además de ir desposeyendo más o menos rápidamente a los ciudadanos de sus bienes y de su libertad, se convierte al ciudadano en un objeto de consumo en oferta o en saldo. Todo ello obedece a un desarrollo más amplio del comunismo capitalista que, con el apoyo de la ONU y de otras instituciones internacionales, intenta simultáneamente transformar la propiedad privada de los Estados nacionales para convertirla en posesión común universal (?) y en propiedad privada de la clase privilegiada, pasando antes por trasladarla y someterla al burocratismo ideológico de la Unión Europea.
El proceso ideológico comercial del comunismo capitalista consiste, pues, en expoliar la propiedad privada y conseguir que las oligarquías ideológicas y económicas sean los copropietarios o coposeedores de todo el territorio. Su plan se está llevando a efecto en casi todos los campos de la sociedad. De manera más acusada mediante la expoliación fiscal. El gravamen fiscal es el mayor instrumento de despojo, de pérdida de libertad y garantías jurídicas para el ciudadano. Para realizar mejor el plan se está llevando a cabo una transformación estructural de la sociedad, desarticulando cualquier fuerza interna e imponiendo una redistribución social que radica en acabar con la clase media, extender la pobreza-dependencia y benefician extremadamente a la clase privilegiada.
Al Ejecutivo le interesa realizar su proyecto antinacional y cleptocrático creando una tensión tan extrema que podría llevar a que estallase un conflicto armado en el interior del Estado. Una tragedia que probablemente no le importaría provocar al líder malthusiano del partido en el poder para someter enteramente a la sociedad. Por ahora, el plan está siendo efectivo, al reducirse la seguridad del ciudadano y degradar el Estado Social hasta reducir gravemente la procura existencial (E. Forshoff). De esta manera, al extenderse la imprevisión social, aumentará las posibilidades de dominación política e ideológica del Gobierno y de los poderes transnacionales, dejando a la mayor parte de los ciudadanos solo con un derecho material de posesión, que puede ser revocado en cualquier momento, incluido el derecho de propiedad de ser ciudadano Para completar la estrategia, el Ejecutivo está siendo la principal fuente de conflicto, sea por acción u omisión, provocando constantemente el desorden y extendiendo la corrupción, convertida en el rasgo principal del sistema. Con su habitual cinismo, el Presidente de la Nación aparenta defender el Derecho internacional, preocupado por la intervención contra los tiranos de otros países, siendo a la vez el mayor enemigo de la Nación que formalmente representa.
Para cumplir con el programa, el Gobierno crea inseguridad, incertidumbre y miedo. Su intención estriba en desestructurar a la sociedad y generar sumisión en los individuos,muchos de los cuales que no tendrán inconveniente en perder su libertad y apoyar cualquier ejercicio arbitrario del poder. De esta manera conseguirá su mayor objetivo, la desaparición del Estado unitario. Con sus restos se construirán unos artificiosos estados con regímenes (democráticos) autonómicos. Es decir, un tipo de señoríos mercantiles y tecnocráticos, integrado por siervos nacionalistas sin nación y algunas personas libres.
Las actuales regiones separatistas serán las que más fácilmente llegarán a ser sojuzgadas por otros estados, próximos o lejanos, al ser potencialmente las más serviles.