Transparencia es democracia. En un contexto económico y político complejo como el actual, donde la gestión de los recursos públicos es objeto de escrutinio constante por parte de la sociedad, la transparencia se erige como un principio esencial para garantizar la confianza y la legitimidad de las decisiones políticas. Esta transparencia no solo debe darse en términos del destino final de los fondos públicos, sino también en relación con su origen, y la manera, por tanto, en que se financian las políticas públicas, lo cual significa una transparencia bilateral. Un claro exponente de esta doble necesidad es la propuesta reciente del Gobierno de España de transferir cerca de 21.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas.
En los debates públicos sobre la financiación autonómica se viene poniendo énfasis en la distribución de los recursos entre las diferentes Comunidades Autónomas. La cuestión de la cantidad que recibe cada territorio y los criterios de reparto suele ser objeto de un análisis pormenorizado, de debates políticos y de reivindicaciones territoriales. Sin embargo, la transparencia en estas transferencias debe ir más allá del destino de los fondos, siendo tan relevante como el destino de estos fondos públicos un conocimiento claro y detallado de la fuente o el origen de esos recursos públicos, esto es, la parte opuesta de la ecuación financiera que permite entender, por ejemplo, de dónde salen los 21.000 millones de euros que se van a destinar a las Comunidades.
La sociedad no solo necesita saber cuánto recibe cada territorio, sino también como se obtiene cada euro que se pone sobre la mesa compartida. Sin esa doble información-origen y destino-el debate público se reduce a una puja territorial, en lugar de centrarse en la sostenibilidad del estado del bienestar, la equidad interterritorial y la calidad de las decisiones presupuestarias.
Resulta evidente, por tanto, que la transparencia unilateral no basta, y que es imprescindible la transparencia bilateral: una información pública tanto sobre el origen como el destino de los fondos. Hablar de transparencia bilateral implica mostrar al público no solo el reparto del pastel, sino también de dónde procede ese pastel y qué sacrificios o cambios implican esas fuentes de financiación para la economía general, la ciudadanía en su conjunto y los servicios públicos del país.
Por ejemplo, en el caso de la citada transferencia de 21.000 millones, será necesario saber si esos recursos se obtendrían mediante una reestructuración interna del presupuesto estatal, lo cual podría implicar recortes o aplazamientos en otras políticas públicas o ministerios, como inversión en infraestructuras, pensiones, defensa, o investigación. Conocer esto es vital para que la ciudadanía comprenda las prioridades y compensaciones que conlleva la decisión política.
Si en cambio esos fondos se generasen por un incremento del gasto público financiado con deuda, será esencial que se explique el impacto que ello tendrá en el endeudamiento y la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo, además de las posibles consecuencias sobre la calificación crediticia del país y las futuras políticas de ajuste.
Por otro lado, si la fuente de financiación fuese un aumento de la presión fiscal, ya sea mediante la subida de impuestos directos, o bien indirectos, la explicación clara y transparente del alcance, magnitud y distribución de dicha carga tributaria resultaría fundamental para que la población pueda evaluar el impacto económico y social de la medida.
Cada una de las anteriores alternativas tiene implicaciones distributivas, económicas y políticas distintas. La falta de claridad sobre cuál/es de ellas se va a adoptar dejaría la ecuación financiera incompleta y generaría incertidumbre sobre la sostenibilidad de la medida.
Ocultar o minimizar cualquiera de las dos caras de la ecuación puede provocar desconfianza, especulaciones y conflictos territoriales o sociales. La transparencia bilateral permite así que los debates políticos sean más rigurosos y fundamentados, facilitando la construcción de consensos y evitando malentendidos o informaciones sesgadas.
La transparencia bilateral refuerza, además, la calidad democrática por varias razones. En primer lugar, obliga al Gobierno a explicitar el precio fiscal de sus decisiones territoriales, evitando que la financiación autonómica se use como moneda de cambio opaca en acuerdos políticos bilaterales, una crítica recurrente en el debate público actual. En segundo lugar, dota a los parlamentos y a los órganos de control -tribunales de cuentas, autoridades fiscales independientes- de información suficiente para evaluar la sostenibilidad y la equidad del conjunto del sistema, y no solo de una parte. Por otra parte, una transparencia genuinamente bilateral permite a las Comunidades y a la ciudadanía valorar el equilibrio entre los beneficios adicionales que reciben y los sacrificios o riesgos que asume el conjunto del país, y que el debate no quede atrapado en la lógica del agravio comparativo y del cuánto me toca.
Para garantizar la transparencia bilateral, es imprescindible que el Gobierno y los organismos públicos responsables publiquen de una manera clara, accesible y completa una información presupuestaria detallada, incluyendo:
a) Un desglose detallado de la distribución territorial de los recursos (cuánto recibe cada Comunidad y en qué conceptos).
b) Una explicación exhaustiva de la fuente o fuentes de financiación de dichos recursos, con cifras concretas y detalladas por cada partida presupuestaria minorada o reasignada, las eventuales previsiones de endeudamiento, así como las posibles modificaciones tributarias derivadas.
c) A tal efecto, y como una síntesis numérica fundamental, simple y clara, se debería hacer pública una Tabla resumen con dos columnas: En la primera, el detalle de los conceptos o partidas relativas a las Fuentes o recursos financieros del modelo propuesto, cuya suma total sería: 20.975 millones de euros. La segunda columna de la Tabla recogería el detalle del importe destinado a cada una de las Comunidades Autónomas, y cuya suma lógicamente alcanzaría igualmente esos 20.975 millones. Si no se llegase a publicar una información sintética tan simple y entendible por todos, no resultaría una propuesta mínimamente consistente y fiable
d) Un análisis del impacto fiscal y económico de las medidas, para que la ciudadanía y los expertos puedan evaluar las consecuencias a corto, medio y largo plazo.
e) El establecimiento de diálogo y consultas con las Comunidades autónomas y la sociedad civil para explicar y debatir dichas propuestas con transparencia y rigor.
Solo con medidas como las anteriores se podrá garantizar un debate público informado, fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar una gestión responsable y sostenible de los recursos públicos en beneficio de toda la sociedad española.
La transparencia bilateral no es, por tanto, un lujo o un mero trámite administrativo, sino una condición para que la ciudadanía perciba la reforma como un ejercicio de responsabilidad compartida y como un pilar imprescindible para la democracia fiscal y la cohesión territorial en España. Mostrar simultáneamente el origen y el destino de los fondos obligaría a todos los actores -Gobierno central, Comunidades autónomas y formaciones políticas- a sostener propuestas coherentes, y la reforma de la financiación autonómica dejaría de ser vista como una contienda territorial y pasaría a entenderse como lo que en realidad es: una decisión estructural sobre cómo se distribuyen, se recaudan y se comprometen los recursos de la sociedad y el conjunto de los ciudadanos.
En conclusión, resulta generalmente admitido que el modelo actual de financiación autonómica está obsoleto y necesita ser reformado. Una propuesta de incremento de los recursos públicos autonómicos podrá ser un punto de partida para el necesario debate público. Sin embargo, para que este debate sea fructífero y conduzca a un acuerdo estable, resulta imprescindible la existencia de una transparencia bilateral completa, en los términos antes señalados, y desde luego social y políticamente pactada.